No hay acción más eficaz para lograr que una mujer tenga que abandonar su empleo que complicarle el cuidado de sus hijos.
Si una mujer tiene un trabajo pero espera meses para obtener cupo en una estancia infantil para su hijo, o no hay alguna cerca de su casa, o en horarios que ella necesite, tendrá que hacer malabares para conseguir quién pueda cuidarlo, pedir favores a su madre, suegra, tía, hermana o pagar a su vecina, amiga de su vecina o cualquier persona que sea confiable, o rezar porque lo sea.
Tendrá que llegar tarde a su trabajo cuando dichas personas no puedan cuidarle a su hijo o hija a esas horas, o faltar si ese día no pueden cuidarlos.
A la larga, la madre se desesperará por tanta zozobra respecto de quién cuide de sus hijos, que se verá orillada a abandonar su trabajo, viendo reducidos sus ingresos, la posibilidad de construir una carrera laboral y ser autosuficiente. Esto no falla. Si un gobierno no desea que las mujeres puedan trabajar, lo primero que tiene que hacer es complicarle a la mujer el cuidado de sus hijos.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), señala que existe un déficit en el cuidado infantil en México, pues el porcentaje de niños en guarderías es de sólo 6%, contra un promedio de 31.2% en sus países miembros. La OCDE recomienda aumentar los espacios formales para el cuidado infantil, a fin de lograr una mayor inserción laboral de las mujeres, reducir los riesgos de pobreza, promover el desarrollo infantil y mejorar la equidad de género.
Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) recomienda que al menos el 25% de los niños menores de tres años tengan acceso a los servicios de cuidado infantil regulados y subvencionados por el Estado.
Por eso sorprende que el presidente, en lugar de tener un plan de crecimiento de las estancias infantiles, haya decidido reducirles el apoyo bajo el argumento de presuntos actos de corrupción aún no comprobados formalmente frente a la justicia, en lugar de castigar dichos actos, fortalecer la rendición de cuentas, pero ampliar los espacios formales de cuidado en el país como ya se estaba logrando.
Uno de los más brillantes economistas del país, Gerardo Esquivel, asesor del actual gobierno y ahora subgobernador del Banco de México resumió el error del presidente en un twitter: “Seré breve: Estancias Infantiles era un buen programa”.
El cambiar el apoyo a espacios formales y estables de cuidado, con personal especializado en estimulación temprana, programas nutricionales y supervisión federal por solo regalar dinero a las madres no es una buena política. Nadie asegura que dicho dinero vaya a ser utilizado para servicios de cuidados formales, sino que podrá gastarse en cualquier cosa.
Los apoyos del actual gobierno tienen una visión machista que refuerza el estereotipo de que los cuidados deben brindarlos las abuelas, hermanas, tías, vecinas y no el Estado. Además, no todas las mujeres cuentan con parientes o personas de confianza cerca, muchas han tenido que migrar, o bien su familia no está en condiciones físicas o anímicas de hacerlo.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cuarto trimestre del 2018 existían en el país 2 millones 152 mil 438 mujeres con interés para trabajar, pero bajo un contexto que les impide hacerlo debido a “que nadie más en el hogar se hace cargo de los niños pequeños, enfermos o ancianos, o porque algún familiar les prohíbe trabajar o también por algún impedimento físico de carácter temporal, como embarazo difícil o avanzado, convalecencia de una enfermedad o accidente”.
La proporción de mujeres en esta condición respecto de la población económicamente inactiva de mujeres era del 14.2% en el 2005 y se redujo a 7.8% a finales del 2018, debido al crecimiento en las guarderías infantiles. No se necesita ser adivino para saber qué pasará con la nueva medida del presidente.
La falta de inversión en estancias infantiles es una medida regresiva que afecta principalmente a las mujeres de menores ingresos, pues las de más altos ingresos pueden pagar por servicios de cuidado privados. Por lo tanto, incrementa la desigualdad en los ingresos entre las mujeres y afecta la desigualdad de género, al hacerlas más vulnerables.
Queda en la ciudadanía, principalmente las mujeres, organizarse y reclamar sus derechos hasta que el gobierno presente un plan de crecimiento de la capacidad instalada de las estancias infantiles que permita compaginar la esfera productiva con la reproductiva. De no hacerse, es de esperarse que aumentará el número de mujeres que no trabajan.
Dr. Jesús Rubio Campos
El Colegio de la Frontera Norte