La crisis de violencia y delincuencia que azota a ciudades fronterizas como Reynosa, Tamaulipas, obliga a buscar soluciones innovadoras e inclusivas para abordar el crimen. Dichas soluciones, si quieren ser efectivas, deben involucrar un elemento de co-producción de seguridad entre gobierno, sociedad civil y sector privado. Según datos del Laboratorio de Estudios sobre Violencia en la Frontera de El Colegio de la Frontera Norte, los homicidios dolosos se incrementaron en Tijuana de 37 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes en el año 2015 a 98 en el año 2017. Ciudad Juárez no fue la exepción, pasando de 19 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes en el año 2015 a 46 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes en el año 2017. Sin embargo, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, los homicidios dolosos disminuyeron de 24 por cada cien mil habitantes en el año 2015 a 8 en el año 2017. ¿Por qué en algunas ciudades fronterizas aumentó tanto la violencia y en otras disminuyó? El elemento esencial para abordar un problema tan complejo como el de la violencia y la delincuencia en la frontera, no es la eficiencia gubernamental si no la insuficiencia del mismo gobierno para dar respuesta. En otras palabras, incluso si el gobierno fuera eficiente y eficaz no sería suficiente, por si sólo, para dar respuesta a una problemática tan compleja como la violencia y la delincuencia en la frontera.
En este sentido, la academia tiene la obligación de ser parte activa de la búsqueda de soluciones basadas en evidencia y en el aprendizaje sistemático para el problema de violencia y delincuencia en la frontera. La academia debe cumplir, desde una visión normativa, dos roles fundamentales en el abordaje que como sociedad se hace del problema, por un lado debe aportar conocimiento útil para la toma de decisiones por parte de los gobernantes y por el otro debe generar conocimiento sobre como se toman las decisiones en materia de seguridad.
Desde esa perspectiva, El Colegio de la Frontera Norte, el centro de investigación científica más importante del país en temas de frontera, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), ha decidido implementar dos iniciativas que buscan contribuir a la mejora de las condiciones de seguridad en la frontera. La primera de ellas es la Red Temática de Investigación CONACYT “Políticas Públicas para la Prevención de Adicciones y la Seguridad Ciudadana”, la cual busca articular expertos de la academia, el sector privado, la sociedad civil y el sector público para generar conocimiento en la materia desde una perspectiva multidisciplinaria y multinstitucional. La segunda es el Laboratorio de Estudios sobre Violencia en la Frontera que tiene como propósito generar respuestas sólidas a los problemas de violencia en la frontera a través de la investigación. Ambas iniciativas tienen como eje fundamental acercar el trabajo de la academia a los tomadores de decisiones y aportar información útil para que las teorías del cambio detrás de las acciones implementadas sean más sólidas y, por ende, las políticas públicas sean más eficaces.
La relevancia de este tipo de esfuerzos no es menor. Los pocos casos de éxito en materia de seguridad en el país en los últimos años parecen demostrar que la eficacia de las políticas públicas en la materia depende, en gran medida, de las dinámicas locales, la generación de confianza entre actores involucrados y la co-producción de la seguridad; de la cual no puede estar exenta la comunidad científica.
Dr. José Andrés Sumano Rodríguez
El Colegio de la Frontera Norte