En diferentes notas que he escrito sobre el tema laboral, he mencionado que los avances o beneficios de la nueva ley federal del trabajo, así como lo el marcaje cercano que se da a la libertad sindical por parte del TMEC no es parejo para todos los sectores laborales en México. Eso sin mencionar la supervisión excesiva que se da sobre México en comparación con el comportamiento laboral en Estados Unidos y Canadá. Un amplio sector de trabajadores mexicanos, los no sindicalizados, poco más del 80% del total de la población trabajadora, sigue sin poder acceder a la posibilidad de organizarse, y otros miles más de trabajadores sindicalizados bajo contratos de protección, ni siquiera saben que deben legitimar su contrato colectivo, a más tardar en mayo de 2023, dado la inexistencia de un sindicato real.
En el panorama laboral actual, hay realidades que ejemplifican el privilegio de un sector, el automotriz, dado su vinculación con una industria global, y los sectores que permanecen olvidados, más vinculados con una industria nacional, como la minera. En este último sector, la persistencia de condiciones laborales riesgosas, y un sindicato poco, o nada comprometido, con el mejoramiento de estas condiciones, a pesar de considerarse democrático, desde hace décadas sigue esperando la justicia laboral, en contraste con sectores como las maquiladoras vinculadas con la automotriz, que están alcanzando la democracia sindical. Tal es el caso de la maquiladora VU de Piedras Negras, en donde una nueva organización laboral, La Liga Sindical Obrera, obtuvo el triunfo sobre un sindicato de la CTM, para la titularidad del contrato colectivo, después de una queja interpuesta ante las instancia del TMEC en julio de 2022 (https://expansion.mx/economia/2022/07/21/eu-levanta-quinta-denuncia-laboral-contra-mexico-en-el-marco-del-tmec). Esta organización tiene entre sus objetivos el mejoramiento de la situación laboral de sus trabajadores.
El sector minero, igual que el petrolero, desde los ochenta presenta un olvido laboral preocupante. El 19 de febrero de 2006 aconteció un derrumbe en Pasta de Conchos, Nueva Rosita, Coahuila, donde 65 mineros resultaron muertos, sin que hayan sido rescatados, ni la compañía patronal Grupo México, que encabezó, sin un apoyo cercano del gobierno mexicano, el rescate fallido, haya sido sancionado por el accidente del trabajo. Los testimonios de familiares y otros trabajadores denunciaron en su momento que los trabajadores denunciaban un fuerte olor a gas, sin que nadie hubiese hecho nada, y las autoridades laborales no hayan tomado cartas en el asunto. Los muertos de Pastas de Conchos y sus familias siguen esperando la justicia de este accidente laboral (https://centroprodh.org.mx/casos-3/pasta-de-conchos/). Después del accidente de Pasta de Conchos, se registraron otros accidentes, como el de Múzquiz en junio de 2021. Eso debió de haber encendido las alarmas para las autoridades gubernamentales y laborales estatales y nacionales, y también para el sindicato para iniciar una revisión a profundidad de las condiciones laborales en la que laboraban estos mineros y sobretodo en los denominados pocitos carentes de toda seguridad social y contratados en condiciones laborales por demás precarias. En el momento del accidente de Pasta de Conchos, salieron a flote la precariedad y el abuso de la subcontratación que se estaba realizando en el sector minero y nadie hizo nada para frenar esta precariedad y evitar futuros accidentes.
Dentro de este contexto, el accidente acontecido en la mina El Pinabete, de propiedad vinculada, al parecer, con autoridades gubernamentales locales, cerca del poblado de Agüita en Sabinas, el pasado 3 de agosto, no debe sorprender, dada la persistencia de condiciones laborales precarias y la ausencia de un equipo de seguridad adecuado para trabajar en una mina de este tipo, como han expresado los especialistas (https://elpais.com/mexico/2022-08-12/los-puntos-ciegos-del-desastre-minero-en-coahuila.html). A pesar de las acciones de rescate, comandadas mayormente por el gobierno mexicano, y con una participación mínima de la parte patronal y sindical, 10 mineros han quedado sepultados, con una indemnización de 100,000 pesos por cada minero parece quererse cerrar el caso (https://www.elimparcial.com/mexico/Derrumbe-de-mina-El-Pinabete-Duele-pero-rechazar-100-mil-pesos-no-hara-que-vuelvan-familiares-de-mineros-atrapados-aceptan-indemnizacion-20220829-0146.html). Sin embargo, esta vez, habría que presionar, como sociedad, para que esto no acontezca, y obligar a que las autoridades laborales y gubernamentales, en colaboración con el sindicato, inicien una supervisión detallada de las minas que están laborando en el estado, y evitar con ellos que las minas coahuilenses sigan siendo una tumba para sus trabajadores. Hasta la fecha el reclamo ha recaído en la parte patronal, y en la permisibilidad gubernamental para permitir el trabajo en estas minas. Sin embargo, el sindicato minero, dirigido por Napoleón Gómez Urrutia, considerado un ejemplo de democracia sindical, también tiene una responsabilidad central en este accidente y puede tener una actuación relevante para evitar futuros accidentes y sobretodo mejorar las condiciones laborales de un sector tan precarizado.
En el lado contrario, se encuentran las maquiladoras vinculadas con el sector automotriz, ayer, 31 de agosto, otra empresa más, VU de Piedras Negras, maquiladora de autopartes, se sumó a las maquiladoras en donde se ha dado paso a un sindicato independiente. Interesantemente, dos de las plantas en donde se percibe un cambio hacia la democracia sindical están en Coahuila, Teksid, en donde, paradójicamente, el sindicato minero, dirigido por Napoleón Gómez Urrutia consiguió la titularidad, después de años de lucha con la CTM coahuilense, https://www.jornada.com.mx/notas/2022/07/02/politica/reconoce-teksid-al-sindicato-minero-como-titular-del-cct/, y la maquiladora VU con sede en Piedras Negras, la cual apoyada por la Liga Sindical Obrera y el Comité Fronterizo de Obreras, consiguieron el triunfo de un sindicato independiente. Ambas plantas tuvieron que recurrir a las instancias del TMEC para poder conseguir su reconocimiento. Ojalá y estos tribunales también se abrieran a otros sectores laborales tan precarizados como la minera. Una petición posible si consideramos que varias minas en México son de propiedad canadiense. Avanzar en la inclusión de más sectores laborales en cuanto a la atención gubernamental y supervisión internacional conduciría realmente a una justicia laboral más equitativa.
Dra. Cirila Quintero Ramírez
El Colegio de la Frontera Norte
