El 11 de octubre inició en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua la caravana de madres de migrantes desaparecidos en tránsito por México. Su recorrido por el país comenzó en El Ceibo, frontera de Guatemala, en la casa para migrantes La 72, nombrada así como recordatorio de lo ocurrido en Tamaulipas hace dos años.
Su agenda por Tamaulipas tocó solo dos ciudades: Tampico y Reynosa, donde tuvieron pequeñas actividades. Cuesta creer que en esta entidad donde se registra una gran cantidad de eventos desafortunados contra los migrantes haya poco interés por parte de la sociedad, las autoridades locales y estatales, incluso de las organizaciones de la sociedad civil (OSC).
El propósito del Movimiento Migrantes Mesoamericanos, quien apoya la caravana Liberando la Esperanza, es la incidencia política en el tema del reconocimiento de los derechos de los migrantes, y el objetivo de la caravana es llamar la atención de la población y gobiernos de los lugares que conforman la ruta migratoria sobre el tránsito de personas. Pero además pretenden evidenciar la necesidad de acciones que faciliten la búsqueda de hombres y mujeres extraviados en su camino por México y rumbo a Estados Unidos.
Cada año desde que se realiza la caravana los organizadores hacen una tarea titánica para intentar reencontrar migrantes ubicados en México con sus familiares provenientes de Centroamérica.
Lo han logrado en casos excepcionales, pero ¿qué pasa con el resto?
Dentro de las varias actividades de la caravana, en su recorrido de 20 días por México, está la búsqueda de familiares en las bases de datos de albergues, casas para migrantes y todo registro existente.
Lo que hace evidente la necesidad de registros, de observatorios, de trabajo interinstitucional entre asociaciones, gobiernos, embajadas, consulados, etc.
Seguramente la movilidad propia del fenómeno hace complejo identificar todos y cada uno de los puntos por donde cruzan los migrantes en tránsito, y por supuesto es comprensible la desconfianza de los OSC respecto al trabajo de las autoridades, de tal manera que puedan compartir la información valiosa que recaban a partir de su trabajo de asistencia, pero es necesario encontrar un modo, una forma que apoye la necesidad de información de miles de familias que viven sin certeza sobre el destino final de sus familiares.
Las instituciones del Estado mexicano pudieran coordinarse en principio para elaborar una base de datos de nacionales y extranjeros desaparecidos. Máxime en las condiciones actuales de violencia e inseguridad resultado del vínculo entre actividades de tráfico de droga y migración. El ejemplo de Colombia y su Registro Nacional de Desaparecidos puede ser un buen comienzo.
Si el presidente electo de México pretende crear un tipo de gendarmería, al estilo francés, bien podría impulsar en nuestro país un registro de desaparecidos donde tengan cabida todas aquellas personas que por motivo diverso –incluyendo su tránsito por México– son buscados por sus familiares.
