Profesor-Investigador de El Colegio de la Frontera Norte
Parecen razonables los grupos comunitarios de autodefensa por la crasa incompetencia del Estado en garantizar la seguridad pública, por el derecho natural a la legítima defensa, por el derecho constitucional de portar armas, por la provisión en distintas leyes estatales en favor de integrar brigadas. Quienes nos disgustan los monopolios podríamos aún preguntarnos ¿qué es eso de que el Estado se reserve el ejercicio de la fuerza? ¿Por qué entonces podemos recurrir a las empresas de seguridad privadas? Algunos marxistas no lo dudan: la Policía del Estado defiende a los poderosos; las brigadas, al pueblo.
Todo esto suena bien, pero, pensándolo dos veces, es una vacilada.
Claro que tengo el deber de cuidar a mis hijos. Pero en caso de que se enfermen mi expectativa no es, cuando así ocurra, el jugar al doctor, sino el recurrir a médicos que sepan atenderlos. Si no los hubiese en mi población les exigiría ahora mismo a las autoridades de salud el resolver el problema. Lo mismo debemos hacer en lo que concierne a la seguridad pública.
El mexicano común no puede enfrentarse a las bandas criminales de hoy. Aunque tuviera armas no sabe usarlas, y aunque supiera usarlas, estos criminales lo superan a él y aun a las policías municipales y estatales. Por eso en varios estados se ha delegado la protección de la población al Ejército y a la Marina.
Si fuésemos ricos tal vez podríamos contratar protección privada mejor que la de Obama. Pero aun al Jefe Diego le fallaron, pues lo secuestraron, y ciertamente son muy pocos los ciudadanos que pueden pagar ese servicio.
De hecho, como no es creíble que en poblados humildes tengan los recursos para armarse bien contra los mafiosos, que sí lo hayan logrado las ahora llamadas “brigadas de defensa” indica mejor que son bandas de criminales que cuidan su territorio de otras bandas, y no “el pueblo” preocupado contra el crimen. Por supuesto, de acusárseles de secuaces del Chapo, sígase el debido proceso.
Entre dos ciudadanos defendiéndose y acusándose el uno al otro de delincuentes, ¿quién tiene la razón? Por eso debe haber un árbitro, el Estado, que se encargue de la Ley y del resolver controversias. Nadie debe hacerse justicia con su propia mano.
¿Que la fuerza es un monopolio del Estado? No exactamente. Porque cuando hay elecciones se escogen los gobernantes capaces y desechan los incapaces. En Estados Unidos los cargos de jefe de Policía son electivos. Es más, las funciones policiacas se separan según los distintos poderes de la Federación.
Finalmente es cinismo que gobiernos de izquierda o de derecha nos pidan que contratemos seguridad privada. Por un lado, los pobres no pueden hacerlo. Por otro lado, aun los ricos no deben hacerlo porque pagan impuestos al gobierno. Si se le paga dinero al gobierno, y no pocas personas más del doble de sus ingresos, pues que este gobierno cumpla con su obligación de protegernos.
