Este 20 enero concluye uno de los procesos más complejos en la historia de la democracia de Estados Unidos. Asume la administración un gobierno demócrata con una sociedad muy polarizada, –el 77% de los votantes de Trump cree que Biden ha ganado por fraude– cuyos simpatizantes de Trump han desarrollado acciones de protesta en varias ciudades estadounidenses.
Además, las acciones violentas en el Congreso a inicios de año han justificado un segundo impecheament al presidente Trump. La ausencia del presidente Trump en la ceremonia de cambio presidencial rompe con una tradición desde el año 1877, que fortalece la democracia, legitima el proceso electoral y la unidad nacional.
La violencia dividirá más a la sociedad estadounidense y en especial a los republicanos –véase la declaración de Mitch McConnell criticando el asalto al Congreso-. Con lo cual su legitimidad se verá cuestionada y fortalecería el proyecto demócrata.
El presidente electo Biden promovería una menor polarización política-ideológica, con base de nueve órdenes ejecutivas desde su primer día de gobierno. Estas iniciativas pretenden promover la reactivación sanitaria, económica y educativa.
Sin embargo, los cerca de 74 millones de votos a favor de Trump mantendrán su vigencia política. De ahí, el interés del Congreso con mayoría demócrata de anular la participación política de Trump en el 2024 y por su influencia en la toma del Congreso a inicios de este año.
Las prioridades de la agenda gubernamental demócrata son visibles en el corto plazo:
Fortalecer una nueva estrategia integral contra la pandemia, luego del desinterés del presidente Trump, que se refleja en cerca de 40 mil estadounidenses fallecidos en enero del presente año y 24, 216.856 personas contagiadas y 401, 174 fallecidas al 19 de enero.
La propuesta de Biden pretende proveer 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días de Gobierno. También invocará la ley de Producción de Defensa, que autoriza al presidente a exigir que las empresas prioricen contratos para productos prioritarios. Se propone una partida de 400,000 millones para combatir la pandemia, 20,000 millones destinados a la distribución de la vacuna y otros 50,000 para test de coronavirus.
El desafío del presidente electo Biden es lograr una eficaz gestión de la pandemia con base de orientaciones científicas. En un contexto en que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han alertado sobre la variante B.1.1.7 del virus, más contagiosa y de rápida propagación, que prevén se convierta en la fuente principal de infección a partir de marzo.
No hay ninguna referencia a la apertura de la frontera con México, en donde la política de Trump sesgo un enfoque de seguridad nacional. Con lo cual se marginó una política de prevención sanitaria binacional y en cuya frontera sur estadounidense se concentra cerca del 30% del total nacional de personas contagiadas y fallecidas.
El presidente electo Biden ha propuesto un nuevo paquete de estímulo por 1.9 billones de dólares, destinado a reducir al país de su peor crisis económica desde los años treinta. El Plan comprende cheques para las familias, fondos para escuelas, un plan masivo de aplicación de vacunas, liquidez para las pequeñas empresas o ayudas alimentarias.
También ha propuesto aumentar el salario mínimo a 15 dólares la hora a nivel federal. El impacto de esta iniciativa conlleva a una gestión responsable e inteligente del gasto (Krugman, El País, 15 enero 2021), por su impacto en un mayor endeudamiento gubernamental y probablemente el rechazo de los republicanos.
También el presidente electo Biden propone “Imaginad el futuro: ‘hecho en América’; a favor y con los americanos”, para lo cual se propone “Comprar productos americanos”, con lo cual se propone un nacionalismo económico similar al de Trump.
Esta iniciativa pretende generar una mejor política de reactivación económica para reducir los efectos en el desempleo, informalidad y precarización laboral. El apoyo de los 2,000 dólares a los estadounidenses es una alternativa coyuntural. El reto es generar una eficaz política sostenible en materia sanitaria, prevención y reactivación laboral.
Estas propuestas diversas de reactivación económica y laboral implican fortalecer las iniciativas comerciales y de integración con México y Canadá. El TMEC represente la continuación del proceso de integración comercial, bajo una coyuntura de fortalecer una mayor y eficaz cooperación sanitaria y de salud con apertura de fronteras (personas, autos y mercancías).
Otra prioridad del nuevo gobierno demócrata será el reducir las desigualdades étnicas y sociales, mediante una política de fomento a los derechos civiles, humanos y en general de mayor inclusión y solidaridad con las minorías étnicas. Un indicador de ello es la integración de un gabinete con una diversidad étnica, singular en la historia política estadounidense.
Se propondrá una reforma inmigratoria para regularizar a cerca de 11 millones de migrantes irregulares. Un hecho inédito, considerando que la principal política de regularización migratoria fue promovida por el presidente Reagan en 1986. Entre los principales beneficiarios se encuentran los migrantes bajo DACA (la acción diferida para los llegados en la infancia) y los TPS (un estatus de protección temporal a migrantes de Honduras, Nicaragua y El Salvador, entre otros).
El proyecto contempla una residencia temporal de ocho años para los 11 millones de indocumentados, al término de los cuales podrán solicitar la tarjeta de residencia. Tres años después, podrían optar a la ciudadanía. Otro reflejo de la política humanitaria de la nueva administración demócrata es el interés gubernamental de reunificar a cerca de 600 niños que fueron separados en la frontera por la política migratoria de Trump en los últimos años.
La orden ejecutiva en materia migratoria también contempla un plan para reforzar la seguridad fronteriza mediante el uso de tecnología. Con esta iniciativa se da continuidad al reforzamiento de la frontera con México y con ello se pretende tener el aval de los republicanos.
La propuesta de nombramiento de Roberta Jacobson, exembajadora de Estados Unidos en México, como coordinadora de asuntos para la frontera sur e integrada en el Consejo de Seguridad Nacional, refleja la prioridad del nuevo gobierno con la agenda de seguridad y migración con México y Centroamérica.
En ese marco, las caravanas de migrantes hondureños se reducirían con una política de contención migratoria, recursos financieros a un plan de desarrollo en Centroamérica y acuerdos bilaterales en materia laboral con Estados Unidos con el fin de aumentar las visas para trabajadores no agrícolas (H2B) y de tipo agrícola (H2A).
Cabe mencionar que Guatemala es el tercer país a nivel mundial que aporta trabajadores temporales mediante visas H2 a Estados Unidos. La contención migratoria de hondureños de este domingo por el gobierno de Guatemala se comprende bajo esa cooperación con Estados Unidos.
El gobierno demócrata impulsará una agenda ambiental y asociada al Cambio Climático, y con las políticas de salud y para el desarrollo. El reconocimiento del nuevo gobierno del Acuerdo de Paris es un paso estratégico para reorientar la política ambiental con sustentabilidad.
El liderazgo institucional demócrata en el Congreso con Nancy Pelosi y Joe Biden y Kamala Harris en el Ejecutivo abona a una agenda de cambio cuya viabilidad dependerá de la eficacia gubernamental en la reactivación de la salud y del crecimiento económico y de una nueva vinculación en materia de cooperación internacional.
Dr. José María Ramos García
El Colegio de la Frontera Norte
