Esta coyuntura puede colocar al estado a la vanguardia en políticas de género. Es una oportunidad que se presenta por el momento en que vivimos a nivel nacional y local. Esta idea se sustenta por la confluencia de dos situaciones coyunturales, que repaso en las siguientes líneas.
En primer lugar, somos testigos del reclamo urgente de las mujeres por la disminución de la violencia de género. Los feminicidios han tenido una tendencia a la alza a nivel nacional durante los últimos cinco años, al pasar de 411 a 940, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Baja California es uno de los estados del país que más ha contribuido a esta tendencia, ya que -de acuerdo a esta misma fuente- el 18% de los municipios concentran el 100% de los feminicidios. El municipio de Tijuana, se encuentra en un segundo lugar, después de Ciudad Juárez, Chihuahua, con 18 feminicidios registrados durante 2020. Mientras que otros tres municipios de Baja California, forman parte de esta lista: Ensenada en el lugar 24, Mexicali en el 30 y Playas de Rosarito en el 92.
Asimismo, el estado figura como una de las entidades federativas con mayor número de presuntos feminicidios: por cada 100 mil habitantes se registraron 1.7 feminicidios, mientras que la media nacional fue de 1.44 por cada 100 mil habitantes, en 2020. Las defunciones por homicidio de mujeres, del 2015 al 2019, se duplicaron: de 109 pasaron a 264 (INEGI, 2020). Por lo cual, en este periodo, Baja California se ha mantenido entre las primeras siete entidades federativas con las más altas tasas de defunciones con presunción de homicidio.
Adicionalmente y derivado del confinamiento obligado por la pandemia del COVID-19, la violencia contra las mujeres se ha incrementado, los indicadores, como el número de llamadas de auxilio al 911 y la atención reportada por la Red Nacional de Refugios, muestran el agravamiento de las tensiones en las familias y la comunidad, así como la mayor vulnerabilidad de las mujeres.
En segundo lugar, en 2015, la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, presentó ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) una solicitud de Alerta de género. A partir del Informe del Grupo de Trabajo para atender dicha solicitud, si bien hubo avances en el reconocimiento de derechos de las mujeres, varias de las recomendaciones contenidas en dicho informe quedaron como promesas o se cumplieron a medias o simplemente se simularon cambios.
El año pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, volvió a solicitar la activación de la Alerta de género en Baja California; argumentando los elevados niveles de violencia feminicida y los rezagos en los compromisos establecidos. El Informe del segundo Grupo de Trabajo se encuentra próximo a publicarse, por lo que las recomendaciones que se presenten en esta ocasión llegarán justo al inicio de las campañas para la elección de un nuevo gobierno estatal y de los cinco municipios: Mexicali, Tecate,Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín.
Cada una de las candidatas y candidatos deberá estar al tanto de este Informe y comprometerse con las recomendaciones del Grupo de Trabajo. Por lo que tendrán la oportunidad de elaborar un Plan de Desarrollo que ponga el acento en modificar el contexto generalizado de discriminación hacia las mujeres y de falta de acceso pleno a sus derechos y a la justicia. Se requiere voluntad política y una intención clara para avanzar con la transversalidad de la perspectiva de género en las acciones del gobierno.
Es muy posible que la sensibilidad femenina de las candidatas junto con el discurso de transformación social prevaleciente, logren colocar a Baja California en la vanguardia de las políticas de género; sabiendo además que se requiere de la confluencia de los distintos niveles de gobierno para aprovechar mejor la experiencia acumulada en el proceso de institucionalización de la perspectiva de género en el país.
Dra. Marlene Solís
El Colegio de la Frontera Norte
