Baja California se encuentra en una coyuntura crítica: la estrategia que le permitió desarrollarse durante tres décadas —la cercanía geográfica con EE.UU. y los bajos costos laborales— ya no es sostenible bajo las nuevas reglas del T-MEC y la política comercial de Trump. Sin embargo, el estado posee ventajas estructurales que, reorientadas, podrían transformarlo de una plataforma de manufactura de bajo costo en un centro de innovación e integración regional.
México se ha consolidado, a partir de 2024, como el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a China y evidenciando el alto grado de integración entre ambas naciones. El 83% de las exportaciones mexicanas se destinan a EE. UU. , lo que evidencia una dependencia asimétrica que se incrementa si consideramos que, según datos del INEGI, en 2024 el 45% de la Inversión Extranjera Directa (IED) que recibió nuestro país provino de Estados Unidos. En el caso de Baja California, la IED se concentró en la industria manufacturera, alcanzando en 2024 los 8,157 millones de dólares, mientras que en 2025 fue de 5,862 millones de dólares, lo que representa una disminución de 28.13% en este indicador, lo cual se explica por el contexto de incertidumbre generado por la nueva política arancelaria estadounidense.
La Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) en Baja California resulta muy importante en el contexto nacional, ya que de acuerdo con el INEGI, en 2025, el estado concentró el 12.1% del empleo de esta industria a nivel nacional, lo que representa 388,046 trabajadores, de los cuales casi el 36% o sea 126,289 se ubicaron entre las ramas industriales más dinámicas: fabricación de productos métálicos; fabricación de equipo de computación, comunicación, medición, componentes y accesorios electricos; fabricación de accesorios, aparatos electrónicos y equipos electricos; y la fabricación de equipo de transporte.
Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Baja California, como otros estados del norte de México, apostó por una estrategia simple de competitividad: bajos salarios y proximidad con los EUA. El T-MEC firmado en 2020 impuso cambios importantes a México y Canadá: incrementar el contenido regional, establecer salarios mínimos más altos en el sector automotriz, promover la libre sindicalización y crear el mecanismo laboral de respuesta rápida. Lo anterior, en respuesta a la presión de los sindicatos estadounidenses por la competencia desleal de México. Como respuesta, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador inició una paulatina recuperación del salario mínimo, que en las últimas cuatro décadas había perdido gran parte de su poder adquisitivo; asimismo, implementó una reforma laboral para garantizar la libre sindicalización, en apego a los acuerdos antes mencionados.
Durante la administración del presidente Biden (2021-2024), este intentó atraer inversión a EE.UU. mediante subsidios e incentivos, lo que generó una oportunidad para México a través del nearshoring. Sin embargo, con el regreso del presidente Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, las reglas del comercio y la inversión comenzaron a modificarse: se impusieron aranceles de manera generalizada (a partir de China) y se amenazó con aplicar más si las empresas de capital estadounidense no regresaban al país. Su estrategia ha sido clara: castigo arancelario para forzar la relocalización, no incentivos para atraerla.
En este contexto, México no escapa a la nueva política comercial estadounidense, que ha impuesto de entrada un arancel del 50 % sobre el acero y el aluminio, con algunas reducciones al 25% para algunos productos derivados. Actualmente están en negociación aranceles adicionales que afectarían los costos de producción , particularmente en la industria automotriz y la electrónica, las mayores empleadoras industriales de la región.
De acuerdo con el INEGI, en Baja California las exportaciones bajo la IMMEX fueron de 60 mil 558 millones de dólares en 2024, mientras que en 2025 fueron de 56 mil 625 millones de dólares, lo que representa una caída del 6.49%, la cual se explica por el clima de incertidumbre derivado de la aplicación de aranceles por parte de los Estados Unidos y de la complejidad que ha presentado la revisión del T-MEC. Este impacto es particularmente crítico en la industria automotriz y en la electrónica, que, junto con los dispositivos médicos y aeroespaciales, constituyen la base del empleo regional y dependen de múltiples cruces fronterizos para componentes importados de Asia, ya que así funcionan las cadenas globales de valor en las que están integradas. Esta interdependencia se refleja en la intensidad del intercambio fronterizo: de acuerdo con datos del Departamento de Transporte de EE. UU. , solo por la garita de Otay en Tijuana, cruzan semanalmente hacia Estados Unidos un promedio de 18,336 vehículos de carga.
La estrategia comercial de Trump ha convertido el comercio en un arma de múltiples aristas, al condicionar el acceso al mercado estadounidense a exigencias simultáneas en materia de migración y seguridad. Por ello, no se trata de negociaciones separadas, sino de una estrategia integral de presión geoeconómica, basada en una doble estrategia: presionar públicamente al gobierno mexicano —llegando incluso a vincularlo con el narcotráfico—, mientras sus propias agencias (como la DEA y el DHS) reconocen en privado los esfuerzos coordinados de ambos gobiernos en la lucha contra el narcotráfico. El resultado ha sido un México comprimido entre aranceles comerciales, deportaciones masivas y presiones en materia de seguridad.
Aún en este escenario sombrío e incierto, Baja California mantiene ventajas competitivas que otros estados no tienen: ubicación geográfica insustituible, infraestructura de cruces fronterizos, experiencia en manufactura. Pero estas ventajas ya no bastan si se sustentan únicamente en salarios bajos. El reto es transformarlas, ofreciendo ciudades sostenibles, con servicios básicos adecuados y condiciones que hagan de la región un territorio atractivo no solo para invertir, sino también para vivir y trabajar.
Baja California tiene la posibilidad de convertirse en un centro de proveeduría para las empresas internacionales y contribuir así a incrementar el contenido regional que exige el T-MEC. Para ello, se requiere una mayor capacidad de gestión del gobierno estatal y de los gobiernos locales, en coordinación con el gobierno federal y otros actores, para impulsar un verdadero plan de desarrollo regional con una perspectiva transfronteriza, que fortalezca tres pilares: (1) educación técnica especializada en cadenas automotríz y electrónica; (2) coordinación con California en regulaciones de transporte y servicios fronterizos; (3) apoyo a medianas empresas locales para que escalen como proveedoras regionales del T-MEC. El desafío no es menor, pero tampoco lo es la oportunidad: hacer de la integración transfronteriza un motor de desarrollo regional y no solo de generación de empleo.
En conclusión, es importante considerar que Baja California no puede resolver sus retos comerciales únicamente mediante medidas locales o estatales. La transformación propuesta requiere una coordinación sin precedentes entre los tres órdenes de gobierno, el sector privado y la academia. La ventana de oportunidad es limitada y el costo de la inacción —en empleos y estabilidad regional— es muy alto.
María del Rosío Barajas Escamilla
El Colegio de la Frontera Norte, Departamento de Estudios Sociales.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan necesariamente una postura institucional de El Colegio de la Frontera Norte.
