Hoy se cumplen cinco años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. Una escuela normal fundada en 1926 para formar maestros normalistas para las comunidades rurales de Guerrero y de estados vecinos, como Morelos. El maestro normalista rural es por naturaleza un luchador y activista social. Perteneciente a una familia de normalistas rurales entre las que se cuentan egresados de las normales rurales de Atequiza, Jalisco, Teteles, Puebla, Amilcingo, Morelos y el mismo Ayotzinapa, Guerrero, conozco de primera mano, la formación educativa y social que se les da los estudiantes en esta normales. Los profesores y profesoras que egresan de estos planteles, no solo se dedican a enseñar los conocimientos básicos, la mayor de las veces en aulas desprovistas del mobiliario necesario para hacerlo, y en donde él o ella son a veces el único docente que cubre todos los grados escolares, sino también deben cuidan la parcela escolar, organizar eventos sociales y culturales, dar pláticas a los padres, colaborar en actos para pedir servicios públicos para las comunidades en la que en la que están y muchas actividades más. Este involucramiento crea un vínculo muy estrecho con los pobladores de estas localidades, en donde son ampliamente valorados. Hace un año, estas comunidades esperaban a decenas de maestros recién graduados, los cuales no llegaron porque fueron asesinados en su primer año de su carrera.
Los estudiantes asesinados fueron acusados de agitadores, cuando sus protestas han sido constantes desde su fundación y su única forma de ser escuchados en un gobierno neoliberal que ha querido extinguir estas normales rurales, que más bien debería garantizar las condiciones necesarias para la formación y sobrevivencia de estos normalistas rurales necesarios en distintas comunidades rurales. En torno a la explicación de la desaparición de los estudiantes se fabricó la verdad histórica de que un grupo delincuencial de Guerrero los había secuestrado y quemado en un campo, una verdad que no convenció a nadie y que estuvo plagada de irregularidades, y que llenó de enojo e impotencia a los padres de estos jóvenes, y con ellos a toda una sociedad, por la falta de compromiso gubernamental para resolver de manera veraz y objetiva el caso y castigar a los involucrados. A cinco años, el gobierno y las instancias encargadas de la resolución del caso siguen en deuda con estos padres y con la sociedad en general.
Entre las incongruencias que se presentaron en la resolución del caso, estuvo la asignación del expediente a un juez situado en Matamoros, Tamaulipas. Si, un juez situado en una entidad plagada de desapariciones de personas, especialmente en el caso que fue asignado el caso a un juez de la entidad. Tamaulipas tomó notoriedad en cuanto a desaparecidos en el año 2010, a raíz del descubrimiento de 72 migrantes asesinados en San Fernando; para otros tantos, las desapariciones habían estado presentes en el estado desde décadas anteriores, y se habían masificado a partir del 2010 y se prolongaron hasta el 2013, para resurgir durante el presente año. Resultaba contradictorio que la asignación de tan importante y nodal caso para la justicia de desaparecidos fuera asignado en un Estado que no había podido resolver de manera satisfactoria el caso de los 72 migrantes asesinados en el 2010 y de los 193 cuerpos descubiertos en fosas clandestinas de la misma localidad de San Fernando en abril de 2011. Los cuales, de acuerdo a la declaración del Secretario de Gobierno de entonces, eran mayormente de viajeros secuestrados por el crimen organizado durante su paso por Tamaulipas. Más paradójico y contradictorio no pudo haber sido la asignación. En el caso de Ayotzinapa y Tamaulipas se marcó como culpable al crimen organizado, pero la pregunta sería: ¿en quién reside la obligación y responsabilidad para sancionar a estos criminales? Hasta el momento se ha etiquetado a los culpables pero culpables son también aquellos que no cumplen con su obligación de garantizar un territorio seguro para todos los que nos desplazamos por nuestro país y no sancionar, y si por el contrario, complican la sanción de estos criminales.
La colocación del expediente en Matamoros constituyó un problema logístico central, como manifestaron los padres en 2016, cuando estuvieron en Matamoros para pedir copias del expediente, dado la lejanía de la localidad y los gastos económicos para llegar, que ellos debían cubrir con sus propios recursos. En esa visita, parte de la sociedad matamorense cobijo entonces a estos padres y se identificó con ellos, en especial llamo la atención la declaración de una madre matamorense que expresó a los medios de comunicación que en “los años setenta, su hija quien laboraba en una maquiladora, desapareció camino a su trabajo, y nunca volví a saber de ella”. La deuda no solo es con las madres de los desaparecidos de Ayotzinapa sino con los miles de desaparecidos en el país durante décadas, en donde mucho de ellos han sido jóvenes.
La resolución del caso Ayotzinapa está lejos de resolverse, por el contrario, a mediados de septiembre de este año, el Juez Samuel Ventura Ramos, juez Primero de Distrito en Procesos Penales federales con sede en Tamaulipas, estado en donde un Tribunal Colegiado ordenó en septiembre de 2018 crear la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, ordenó la liberación inmediata de 24 presos por el caso de la muerte de los estudiantes. Entre los liberados estuvieron policías locales y Gildardo López Astudillo, considerado líder de los Rojos, banda delictiva de Iguala acusada de desaparecer a los estudiantes. El juez desestimó muchas de las pruebas presentadas y señaló la falta de evidencias por parte de la PGR para condenar a los presos, en tanto que funcionarios públicos de la presente administración, como Alejandro Encinas, consideró que la aplicación de la ley había sido muy laxa por parte del juez. La decisión, más allá de las responsabilidades que tienen las distintas autoridades de distintos tiempos y lugares, constituye una afrenta a la exigencia de justicia para resolver el caso, demuestra una ausencia total de interés gubernamental por sancionar y terminar con la impunidad que reina en nuestro país para quienes desaparecen y arrancan la vida de miles de personas en nuestro país, sin castigo alguno. Esta situación debe terminar. Urge una luz de esperanza en este gobierno de la transformación, con hechos más allá de palabras, de que existe un programa de acción bien definido para atender la desaparición no solo de estos 43 estudiantes que están ausentes sino de los miles de desaparecidos en el territorio nacional que continúan siendo buscados por su familia. Las desapariciones no son un problema individual o familiar sino un problemática pública que urge ser atendida y resuelta por las autoridades correspondientes. El programa de acción no solo debe solucionar las desapariciones actuales sino evitar que éstas estén adquiriendo el grado de normalidad en nuestro país.