*** Las opiniones expresadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan necesariamente una postura institucional de El Colegio de la Frontera Norte. ***
Entre el fin de semana y la madrugada del miércoles, los Diputados aprobaron 8 iniciativas de ley. Así como lo lee usted, ocho iniciativas que merecerían una discusión profunda, razonada y responsable porque están afectando áreas centrales de la vida social y cultural del país. Sin embargo, los legisladores aprobaron “al vapor” dichas iniciativas, sin escuchar, ni argumentar suficiente sobre las mismas, (https://www.eluniversal.com.mx/nacion/la-noche-de-los-albazos-las-8-reformas-que-diputados-de-morena-aprobaron-en-menos-de-24-horas/). Algunas de ellas, con compromisos previos, que no se respetaron, como el caso de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI), en donde se habían prometido la realización de parlamentos, mismos que no se concluyeron, incumpliendo lo acordado, y negando el derecho a ser escuchados sobre una materia tan estratégica como la ciencia en México. La aprobación expedita estuvo sustentada en la mayoría numérica con la que cuenta el partido en el poder en la Cámara de Diputados. Para algunos, los diputados de Morena dieron un “albazo”, para otros, nos llama la atención la urgencia con que esta cámara hace las leyes, el denominado fast track con que toma las decisiones, que raya en la inconciencia y la irracionalidad, cuando estas iniciativas ameritarían una discusión amplia y razonada.
En estas aprobaciones expeditas, las sesiones parlamentarias se convierten en el dominio absoluto de una visión, relegando, menospreciando, ignorando la opinión del otro que podría reconsiderar, enriquecer o reformar las propuestas. La actual cámara no solo tiene urgencia en la aprobación sino quiere ganar de manera absoluta toda votación, anular a las otras opiniones, aspecto preocupante cuanto vivimos en una democracia, no una autocracia. Para aprobar una iniciativa, los diputados deberían conocer la realidad sobre la que están legislando, contar con suficientes estudios sobre el tema, escuchar actores clave en cada área, para tomar sus resoluciones, no obstante, eso no ha existido, lo que lleva a una preocupación acentuada en torno a los impactos y costos sociales que se avecinan si se implementar, como están, las iniciativas aprobadas. A continuación, menciono tres aspectos que como analista social me preocupan.
La extinción del INSABI y su integración al IMSSBienestar. El análisis de este reemplazo es sumamente relevante porque puede ser el ejemplo de la implementación de una política pública fallida, dado el desconocimiento de la realidad. El INSABI promulgado el 1 de enero de 2020 tenía el objetivo de “brindar servicios de salud gratuitos y de calidad a todas las personas que se encuentren en el país y no cuenten con seguridad social; bajo criterios de universalidad, igualdad e inclusión”, (https://www.gob.mx/insabi/articulos/instituto-de-salud-para-el-bienestar-230778). A cuatro años de su instauración eso no ha acontecido, y según algunos usuarios, ha sido de lo más ineficiente y burocrático, dado la renovación de su adscripción cada tres meses. El INSABI ahora pasará a ser parte del IMSSBienestar, en donde todos aquel que no esté adscrito a un programa de salud sea atendido en el IMSS, me pregunto: los diputados ¿conocen las carencias de medicamento, personal y mobiliario del IMSS para atender a sus derechohabientes, entonces como suponen que van a atender a esta nueva población? La misma situación acontece en el ISSSTE o bien en los centros de Salud. Los resultados negativos que se obtuvieron en el manejo del COVID muestra que nuestro sistema de salud está en un atraso total, que la nueva decisión puede conducir al caos, y que está a años luz de ser “como o mejor que el de Dinamarca como mencionan nuestros gobernantes”
El segundo aspecto es el referente a la concesión del manejo del Tren Maya,y otros proyecto estratégicos, de manera indefina a la SEDENA, así como la creación de un fideicomiso que reciba el 80% de los impuestos pagados por turistas extranjeros en las megaobras (https://www.animalpolitico.com/politica/diputados-iniciativa-amlo-impuestos-turismo-sedena). La aprobación es por demás inconsistente e inadecuada, además de contravenir la idea gubernamental de que los fideicomisos son instancias para enriquecerse unos cuantos. El turismo es una de las fuentes centrales de ingresos del país, algunos analistas lo ubican en la segunda o tercera fuente de ingreso, y actividad potencial para avanzar en economía, (https://www.solunion.mx/blog/sector-turistico-en-mexico-en-2022-el-motor-que-puede-salvar-la-economia/), de manera que los ingresos e impuestos de esta actividad deberían utilizarse en el cuidado, mejoramiento y mantenimiento de las instalaciones turísticas. No existe razón para que SEDENA reciba estos impuestos, cuando no es un agente productivo, sino su función es la defensa y seguridad del país. Sin embargo, existe una rara, y preocupante, fascinación por proponer el fortalecimiento del ejército en áreas claves como fronteras, puertos y ahora el espacio aéreo, desde el ejecutivo, y avalada desde el poder legislativo. Nuevamente, algo que debería preocuparnos como país democrático que somos.
En tercer lugar, me refiero a la aprobación de la iniciativa de Ley de Ciencia, como parte de la comunidad científica a la pertenezco, en donde se sujeta la ciencia del país a los designios estatales más que al servicio del conocimiento y la sociedad en general. Además de desplazar los criterios académicos y científicos para la planeación y evaluación de las investigaciones y productos científicos, al sujetarlos a los designios burocráticos, políticos y personalistas de los secretarios de estado. Pensar en una junta que supervisa la ciencia en donde solo hay secretarios de estado, incluyendo al Secretario de la Defensa Nacional, con escasa participación y negación al voto de la comunidad científica, resulta amenazante y preocupante para el futuro científico del país. Además de que la nueva ley,coloca en la incertidumbre laboral al personal académico de los Centros Públicos de Investigación al querernos ubicar en el apartado “B” considerarnos “personal de confianza”, con lo que se nos niega el derecho a sindicalización y contratación colectiva, violando acuerdos internacionales que tiene México a nivel internacional. En el nuevo proyecto de LGHCTI enfatiza la necesidad de someter la ciencia a “una agenda del estado” para estudiar y solucionar los grandes problemas del país, sin embargo, no existe ninguna instancia en donde esto sea un acuerdo entre estado y órganos representativos de la comunidad científica, lo que conduce a que esta “agenda” sea una imposición que puede caer en la arbitrariedad, en lugar de la solución estructural de los problemas más relevantes del país. La comunidad científica mexicana tenemos muy claro nuestro servicio al país y a los mexicanos, pero también tenemos claro que la ciencia no se sujeta a voluntades políticas o estatales. Por ello, expresamos nuestra confianza en que otras instancias legislativas como la Cámara de Senadores, reevalúe las iniciativas aprobadas y las regrese para su revisión a los Diputados, si las aprueba en fast track como están suponiendo algunos analistas https://www.eluniversal.com.mx/nacion/llega-al-senado-ola-de-minutas-que-se-preve-sean-aprobadas-en-fast-track/, nos queda la Suprema Corte de Justicia para que se haga esta reconsideración que tanto puede afectar al país, como ciudadanos tenemos confianza en la autonomía y división de poderes que deberían regir en nuestro país, y si esto no acontece, habrá que exigirles y recordarles a los legisladores e impartidores de justicia que fueron electos para el mejoramiento del país no para su retroceso.
Dra. Cirila Quintero Ramírez
El Colegio de la Frontera Norte
