Cuando muere un activista social se muere parte de las posibilidades de un mundo mejor porque generalmente son personas, individuos que buscan un mundo más justo al que le rodea. Pero cuando la muerte de los activistas son a manos de lo contrario por lo que luchan, es decir del crimen, de la violencia, todo el sistema gubernamental, político se vuelve cómplice de su muerte, dado su incapacidad para garantizar la seguridad de quienes trabajan por un mundo mejor, desatando la indignación y enojo de las comunidades con las que ellos han trabajado y de todos aquellos que nos identificamos con la búsqueda de una sociedad más justa. El pasado 21 de junio fueron asesinados los sacerdotes Jesuitas Javier Campos Morales “El Gallo” y César Mora Salazar “El Morita”, en Cerocahui, Chihuahua en la región tarahumara. Los sacerdotes habían trabajado por cerca de 50 años en la región tarahumara, viviendo y conviviendo con ellos. Personas que interactuaron con ellos los definen como “seres de luz maravillosos, era raza lo que se dice raza de abajo”. Su predicación, dice una antropóloga que los conoció en los ochenta, no era la tradicional sino que era mediante su convivencia con los tarahumaras para ello aprendieron su lengua y sus costumbres, a través de esta convivencia ellos transmitían su fe y su trabajo con los menos favorecidos.
El activista, a diferencia del político o de los líderes institucionales, trabaja en y desde la base porque sabe que es la única forma de construir un mundo mejor, conociendo las necesidades y dándole elementos para salir adelante casi siempre a partir de la educación y la concientización. Son personas fieles a sus ideales y los transforman en acciones. Por eso el hecho de haber defendido a alguien perseguido, no es algo insensato o imprudente para ellos, es de acuerdo a sus preceptos de vida que los rige. En la muerte de los sacerdotes no se puede decir, lo que se expresa con los cientos que han muerto en balaceras o hechos violentos: “estaban en el lugar y hora adecuada” No, ellos fueron asesinados en el templo, su casa, a donde ingresaron sin ningún problema, asesinándolos por defender a una persona perseguida, sin que nadie pudiese hacer nada.
La magnitud del asesinato puso a México en el contexto internacional, lo que activo las alarmas para resolver el caso de manera expedita, al día de hoy se tenía identificado al asesino, por quien se ofrecía un recompensa, y se habían recuperado los cuerpos de los sacerdotes y un guía de turistas. Sin embargo, como bien dijo uno de los sacerdotes entrevistados “de ellos tenemos noticias y se hacen avances por ser personas públicas pero ¿qué pasa con los cientos de personas desaparecidas y amenazadas en esta región?”. ¿Quién se preocupa o hace algo por ellos? La pregunta es directa a las autoridades de todos los niveles. El mismo sacerdote ha expresado que durante décadas se han asesinado y desaparecido a los defensores de los bosques y a líderes rarámuris, pero que las personas prefieren callar para no ser asesinados. Lo mismo ocurre en muchas regiones que vivimos dominados por el crimen organizado, en donde la autoridad gubernamental está ausente. El mismo miedo, temor, incertidumbre puede ser palpado en Michoacán, Zacatecas, Tamaulipas, Sinaloa y muchos estados más. Urge una política pública que frene las desapariciones, los asesinatos, el país se está desangrando y los encargados de garantizar la paz y la seguridad a la sociedad no están haciendo nada.
Pensadores como Weber, expresan que en sociedades avanzadas, el Estado es el único que puede usar la fuerza para someter a los que rompen las reglas sociales que garantiza la interacción social. Sin embargo, cuando la autoridad no asume su papel se deslegitima ante la sociedad. Momentos coyunturales como éste son cruciales para que las autoridades recuperen la credibilidad social, las denuncias han sido hechas, no se trata solo de la muerte de dos sacerdotes sino de la inseguridad y violencia que existe en toda una región amenazada por el crimen, si las autoridades no hacen nada, los costos sociales pueden ser mayores, dado que el tolerancia social tiene límites, y ésta puede desembocar en movilizaciones que cuestionen a estas autoridades, estas reacciones estarán permeadas por las ideas, sembradas, compartidas y vividas con los sacerdotes asesinados, las cuáles continúan más vivas que nunca, a pesar de su muerte física.
El momento actual también es ideal para mostrar una delimitación clara del gobierno del crimen organizado, una idea que ronda y parece fortalecerse cada vez más, esto se puede lograr al tomar acciones claras en contra de estos grupos delictivos, y asumir su obligación de defensor y protector de la sociedad. Cómo algunos analistas han señalado: no hay fortalecimiento de la delincuencia sin la participación estatal. Las instancias gubernamentales mostrarán con sus decisiones y acciones en materia de seguridad, en el corto y mediano plazo, no solo en la región tarahumara sino en todo el país, si seguimos desangrándonos o recuperamos el camino para la paz y seguridad.
Cirila Quintero Ramírez
El Colegio de la Frontera Norte
