La cuarta reunión entre los presidentes López Obrador y Biden refleja fundamentalmente cuatro acuerdos centrales y se reconoció la importancia de avanzar en la cooperación, no obstante la existencia de ciertas diferencias. El propósito es avanzar en una agenda mínima en una coyuntura critica para el presidente Biden: descenso de su popularidad al 39%, aumento de la inflación en un 8,6% en mayo con respecto a mayo del 2021, el nivel más alto en 40 años y el aumento en las detenciones de migrantes irregulares 2 millones 949 mil migrantes irregulares en el periodo de septiembre 2020 a abril del 2022 – el mayor flujo migratorio en los últimos 20 años.
El primer acuerdo se asocia al Grupo Binacional México-Estados Unidos sobre Puentes y Cruces Internacionales y del Mecanismo de Cruces Fronterizos y a la iniciativa de la Administración de la Frontera en el Siglo XXI entre ambos países y en el marco de seguir avanzando hacia fronteras más resilientes, eficientes y completar un plan conjunto de modernización de la infraestructura fronteriza México-Estados Unidos. En ese marco, el presidente Andrés Manuel López Obrador acordó invertir 1,500 millones de dólares en materia de tecnología fronteriza “inteligente”, en periodo de 2022 y 2024.
En cambio, el gobierno estadounidense invertirá 3 mil 400 millones de dólares para modernizar 26 cruces terrestres en sus fronteras norte y sur (Presidencia de la República, 12 julio 2022, Comunicado). Esta inversión se ubica bajo la Ley Bipartidista de Infraestructura del presidente Biden. Estas inversiones se asocian también al Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), cuya próxima reunión se efectuará en septiembre, que priorizacorredores comerciales más seguros y eficientes y la generación de empleos en ambos lados de la frontera.
Segundo, con base en la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección se priorizará los programas para la cooperación internacional centrados en las comunidades más marginadas. No se mencionaron los montos de inversión, se estimaría que serían los 1, 900 millones de dólares planteados por la Vicepresidenta Kamala Harris a través del sector privado estadounidense en el marco de la Cumbre de las Américas de junio pasado.
La falta de financiamiento a tales programas de desarrollo refleja la relativa prioridad del gobierno estadounidense y la limitada corresponsabilidad de los países del Triángulo Norte a involucrarse en una agenda básica de gobernabilidad, buen gobierno y transparencia gubernamental. Ambos países acordaron fortalecer sus políticas de control fronterizo con respeto a los derechos humanos.
De esta manera se responde de manera reactiva a las presiones del gobernador de Texas, Greg Abbott, sobre la crisis migratoria en su frontera con México y la propuesta de emergencia nacional que recientemente ha decretado por el aumento de los flujos migratorios en el estado: por el estado de Texas cruza cerca del 70 % de los migrantes irregulares hacia los Estados Unidos desde hace dos años. En el año fiscal vigente (octubre 2021 a mayo del 2022), fueron detenidos en las fronteras de tal estado a 894, 892 migrantes irregulares de un total de 1, 440, 414 migrantes (CBP, 2022).
Igualmente se acordó crear un grupo de trabajo binacional sobre vías de migración laboral y protección de los trabajadores y se convocarán un grupo de trabajo para fortalecer la atención a la migración infantil (Presidencia de la República | 12 de julio 2022, Comunicado) Las prioridades del gobierno mexicano fueron planteadas en términos de mayores recursos, más visas laborales y humanitarias y profesionales, que favorezcan la migración laboral. No hubo compromiso formal del gobierno estadounidense en aumentar tales visas.
El tercer acuerdo es un seguimiento al Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras, en el cual se reitera el compromiso de atender los desafíos del fentanilo, el tráfico de armas y el contrabando de personas, y para reducir los niveles de abuso de drogas y adicción. Estos problemas no necesariamente forman parte de la agenda gubernamental estadounidense, que si bien son temas críticos, la prioridad política es el problema migratorio en la coyuntura actual.
Y finalmente, en el contexto de la próxima 10ª edición de la Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), que se celebrará en México a finales de año, ambos gobiernos reiteraron la relevancia de fortalecer mecanismos para crear corredores comerciales seguros y eficientes, a fin de incrementar la inversión y promover la resiliencia de las cadenas de valor, específicamente en sectores de semiconductores, tecnologías de la información y la comunicación.
Adicionalmente se promoverá un clima de negocios que promueva una América del Norte más verde y limpia, con base en la en invertir en y promover fuentes de energía renovables (Presidencia de la República, 12 julio 2022, Comunicado). Un propósito adicional se orienta a combatirla inflación acelerando la facilitación del comercio bilateral y reduciendo los costos comerciales. Este tema es importante, pero complejo por las diferencias en las economías entre ambos países.
Estos acuerdos centrales son parte de la cooperación entre México y Estados Unidos e indican desafíos globales y regionales. Por igual se destacan las diferencias en materia de política eléctrica y energética de México, que reflejan una concepción en favor de la soberanía, autosuficiencia y el control anticorrupción. Estas diferencias se expresaron en el pasado encuentro en Vancouver en la reunión ministerial de la Comisión de Libre Comercio del tratado T-MEC entre la secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier, la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng, y la representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai.
Igualmente se estima que el desacuerdo en el tema energético serán parte de la reunión empresarial binacional organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Washington, DC el 13 de julio. El desafío bilateral es gestionar la interdependencia según los problemas compartidos, en el marco de las preocupaciones del gobierno y empresarios estadounidenses sobre la propuesta energética del Ejecutivo mexicano.
Tanto la enmienda constitucional y los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, en particular se argumenta la violación de las obligaciones fundamentales del T-MEC, lo que desde la perspectiva empresarial estadounidense pone en riesgo a cerca de 30 mil millones de dólares de inversión potencial en México y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Dr. José María Ramos García
El Colegio de la Frontera Norte
