El Programa 287(g) ha representado uno de los recursos legales más explotados por Trump. Del total de contratos registrados hasta mediados de marzo de este año (mil 524), el 91.4% fue firmado durante su actual administración. Creado en 1996, este Programa hace referencia a una sección que lleva el mismo nombre en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de ese país, donde se autoriza la cooperación de Policías locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con el fin de mejorar la aplicación de la ley. Quienes lo defienden argumentan que con él se mejorará la seguridad pública, y quienes lo critican denuncian su contribución al incremento de detenciones basadas en el origen étnico o raza de las personas y el atentado a los derechos civiles.
Los riesgos que enfrenta una persona inmigrante en aquel país de ser interrogada, detenida y, eventualmente, deportada varían dependiendo de la ciudad donde habite. Esto es así porque cada jurisdicción firmante establece términos específicos con la Policía de inmigración federal. En algunos lugares, la colaboración de la Policía local se circunscribe a retener por más tiempo del debido a personas sin documentos en las cárceles locales para dar tiempo al ICE de llegar por ellas y, en otras, la policía local está facultada para realizar arrestos en la vía pública y casi gozan del mismo poder que los agentes federales.
En lo que va de 2026, más ciudades y condados se han adherido al Programa, aunque algunos de manera involuntaria. Tanto Trump como gobernadores republicanos interpretan unirse a 287(g) como un mandato, poniendo en jaque los límites de la autonomía municipal. Su expansión incluye la amenaza, no sólo de quitarles recursos federales, sino de destituir a autoridades locales de sus cargos si no colaboran. El caso más reciente ocurrió en Florida, con la alcaldesa de Tampa que, luego de ser acusada por el fiscal general de esa entidad de impulsar una política santuario, ella terminó por ceder permitiendo que los policías locales puedan interrogar a las personas sobre su estatus migratorio y participar en operativos migratorios.
¿Pero realmente las jurisdicciones están obligadas a firmar? No. Si así fuera, las ciudades santuario habrían dejado de existir. Incluso en estados republicanos es posible resistirse en el nivel municipal. En Florida, aunque todos los condados ahora tienen contratos 287(g), Gainesville, la segunda ciudad más grande de esa entidad, se ha opuesto activamente a sumarse, priorizando la protección de sus comunidades. También a nivel estatal, la oposición se observa de forma decidida en territorios demócratas que, sin ser santuarios, establecieron recientemente leyes para prohibir a sus jurisdicciones firmar o renovar acuerdos 287(g), como Maryland y Nuevo México, buscando terminar con los arrestos basados en perfilamiento racial.
Lejos de reforzar la seguridad pública, los contratos 287(g) la están colapsando. La separación familiar, el deterioro de la confianza en las Policías locales y el aumento de los crímenes de odio están llevado a autoridades estatales y locales a frenar la expansión del Programa. La decisión de cada jurisdicción de adherirse o no responde más al grado de lealtad hacia sus comunidades que a amenazas políticas intransigentes. Estas autoridades también están obligadas a atender las demandas de líderes locales y comunidades que continúan manifestándose en contra del Programa.
Yetzi Rosales Martínez
El Colegio de la Frontera Norte, Unidad Monterrey.
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