El 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, cuya declaración se remonta al año de 1990, en el marco del V Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe llevado a cabo en Argentina. La decisión de instaurarlo, formó parte de un esfuerzo sostenido para posicionar el tema de la alta mortalidad femenina a causa del aborto inseguro en la agenda pública de la región. Años más tarde, la iniciativa fue acogida por mujeres de todo el mundo, en aras de vincular la lucha por el derecho a decidir sobre sus cuerpos y por el acceso a la salud sexual y reproductiva.
Desde entonces, el aborto se mantiene como un eje de reflexión-acción que articula a muy diversas vertientes del feminismo. En el caso concreto de América Latina, esta vigencia responde al reconocimiento de que la autodeterminación de las mujeres se encuentra seriamente en entredicho, situación que ha actualizado el entendimiento del cuerpo como la primera escala en la que debe llevarse a cabo la lucha por la autonomía y en la que no se puede desestimar que generalmente son las más empobrecidas y las racializadas a quienes se les niega esta posibilidad.
Estas consideraciones se derivan de una perspectiva situada que también visibiliza la colonialidad del género en la prohibición del aborto, mostrando que el control sobre el cuerpo de las mujeres se mantiene estratégicamente en el sur global, lo que evidencia las tácticas biopolíticas que opera el capitalismo heteropatriarcal y la escala corporal que sus procedimientos extractivos han alcanzado (recordemos que en los mismos territorios donde se penaliza la interrupción del embarazo, se impulsan legislaciones que permitan el alquiler de vientres de mujeres para beneficio de terceros, reificando el proceso de gestación y la vida misma a su conveniencia).
En este contexto, la Marea Verde que inunda las calles del continente desde 2018, ha materializado la máxima feminista “lo personal es político”, activando alianzas transnacionales que impulsan una agenda común que puede sintetizarse en la consigna “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir”. Esto significa que, aunque garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones seguras es urgente para evitar más muertes por abortos mal practicados, existe una serie de derechos sexuales y reproductivos que se demandan de acuerdo a las necesidades específicas de las mujeres de cada país.
Si nos situamos en la República Mexicana, tenemos el siguiente panorama: desde 2007, en la Ciudad de México se puede acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta la semana 12 de gestación, lo que se ha traducido en cero muertes maternas por esta causa en los servicios públicos de salud desde su implementación; a partir de 2019, el Congreso de Oaxaca despenalizó el aborto en la entidad hasta la semana 12 del embarazo, convirtiéndose en el segundo estado del país en garantizarlo en la letra, sin embargo, se ha denunciado resistencia por parte de las instancias correspondientes para llevar a cabo el procedimiento.
A nivel nacional, el aborto está garantizado en todos los Códigos Penales estatales cuando el embarazo es producto de una violación y, salvo Guanajuato y Querétaro, el resto de entidades lo permite si se pone en riesgo la vida de la mujer, aunque tan sólo 13 lo contemplan cuando existe daño o malformación fetal. No obstante, la campaña permanente de criminalización contra las que deciden realizárselo, llevada a cabo por grupos ultraconservadores, la objeción de conciencia por parte del personal médico que debería efectuarlo y la opacidad con que se maneja la información oficial, limitan su acceso.
Si bien en el último año se presentaron iniciativas por la despenalización en estados como San Luis Potosí, Guanajuato y Veracruz, no se han conseguido resultados favorables hasta el momento. Lo que sí avanzó fue la reforma para “proteger la vida desde la concepción” hasta la muerte natural en Nuevo León.
Asimismo, se sigue privando de su libertad a mujeres y adolescentes que abortan, como ocurrió con Fátima, la joven de 15 años detenida en Morelos apenas el mes pasado. Estos hechos y las promesas, hasta ahora incumplidas, de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, han generado una deuda política con el movimiento feminista.
Éste, en lugar de desandar su historia de apoyo mutuo entre mujeres, ha constelado en redes locales, nacionales y globales que acompañan la interrupción del embarazo desde casa, a través de una organización que implica recaudación de recursos monetarios o en especie, sincronización de tiempos y/o espacios, guía puntual y en tiempo real del procedimiento y contención emocional previa y posterior. Este tejido de afecto y mutuocuidado se basa en una ética feminista que antepone el entre nosotras sin necesitar la preexistencia de un vínculo, contentándose con atender la necesidad vital de la otra.
Pero el acompañamiento no sustituye la urgencia de mantener visibles las demandas históricas que no terminan de ser satisfechas, sobre todo en medio del escenario que se abre con la nueva normalidad, mismo que parece relegar a un segundo o tercer plano la pandemia que acecha a las mujeres desde hace mucho tiempo: la muerte por abortos inseguros.
En ese sentido, colectivas feministas de todo el país lanzaron un comunicado que exige: 1) tratar el aborto como lo que es, un problema de salud pública que debe ser atendido puntualmente en los congresos locales y el nacional, no sólo para despenalizarlo, sino para garantizar que el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo esté amparado por la ley; 2) sancionar a los partidos ultraconservadores que con recursos públicos abonan a la criminalización del aborto y al perjuicio moral contra las mujeres que lo realizan; 3) asegurar la implementación de la NOM 046 en todo el país, la cual señala que en caso de violación el aborto no es punible y se vuelve un derecho; 4) impedir que los hospitales y clínicas ILE en el país se declaren objetores de conciencia, pues en tanto instituciones de salud pública al menos parte del personal médico debe realizar el procedimiento.
Este pliego petitorio también sirvió para convocar a las diferentes acciones que se llevaron a cabo el pasado 28 de septiembre a lo largo y ancho del país. En las marchas, pañuelazos, tendederos, conferencias y actividades artísticas de muy diversa índole, un colectivo grande de mujeres acuerpó la iniciativa para lanzar un mensaje fuerte y claro: legalizar no es obligar, penalizar sí condena a muchas mujeres a morir por un aborto practicado en condiciones inseguras. Así, entre mareas que suben y bajan, aquella primera consigna no pierde su vigencia: ¡educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir!
El Colegio de la Frontera Norte
