En fechas recientes, las manifestaciones femeninas colectivas, el incremento en las muertes violentas de mujeres, y el reciente asesinato de dos niñas: una en la Ciudad de México y una bebé en Coahuila, han evidenciado de manera contundente la violencia en que vivimos las mujeres en México.
Lo he escrito muchas veces, México, como país y sociedad, tiene una deuda histórica con sus mujeres: brindarles espacios privados y públicos seguros y libres de violencia. El problema de la violencia contra la mujer en México, en donde la muerte, el feminicidio, es el grado último, es su tratamiento como un problema coyuntural e individual que acontece en unos cuantos espacios y atañe a unas cuantas mujeres, así se evalúo el caso de las “Muertas de Juárez”, en donde cientos de mujeres han sido asesinadas, y a pesar de que el gobierno mexicano recibió una recomendación de la Comisión Internacional de Derechos Humanos las muertes violentas de mujeres siguen aconteciendo en Ciudad Juárez.
El problema es estructural y complejo y no sólo afecta a unas cuantas mujeres sino a todas las mexicanas, independientemente de su edad, educación, clase social, apariencia física, etc. El problema radica en las entrañas de los ámbitos privados y públicos en donde las relaciones sociales y afectivas están marcadas por la subordinación, la discriminación, el no reconocimiento como igual de las mujeres. Como bien lo decía Meynardo Vázquez en su artículo “Violencia intrafamiliar y feminicidio. Apuntes en la historia del Noreste”, el problema tiene profundas raíces históricas y está asociado a ideas patriarcales de dominación social, en donde la mujer no es visualizada como igual sino como propiedad, subordinada o dependiente de algún varón o alguien con poder. Todo ello enmarcado por una sociedad, en donde hombres, y también mujeres, le reafirman este posicionamiento de subordinación, y el Estado, personificados en los impartidores de justicias de todos niveles, quienes liberan, minimizan, exculpan al agresor (agresores). Más aún revictimizan a las mujeres por ser transgresoras, provocadoras, por no tener conductas apropiadas del cómo debería ser la mujer sujeta a esta dominación, se le sanciona o cuestiona por ir a un bar de noche, caminar sola en la noche, vestir provocativamente, ellas son las culpables, no las estructuras sociales que las oprime. Nada más simplista que reducir a los feminicidios a algo individual y no relacionarlo con un tumor social que hay que extirpar desde el fondo no solo firmando leyes, acuerdos internacionales, sino aplicarlas y castigar a los criminales que infrinjan estas leyes, no solo para castigarlos por un crimen individual sino como una forma de iniciar una reconstrucción social de respeto y seguridad para todas las mujeres. Esta forma de actuar va más allá de los denominados valores morales, y alude a una re (construcción) de las relaciones en los diferentes espacios sociales en que nos desenvolvemos las mujeres. Un buen inicio para la reconstrucción es que los gobernantes no minimicen la violencia, ni los feminicidios y no lo simplifiquen a casos individuales sino que lo reconozcan como un problema central para el desarrollo social de México.
Ahora bien, reconocer la violencia y los feminicidios como un problema nacional, evidencia que éste existe a lo largo y ancho del país desde el sur hasta el norte de México, y en todos los niveles sociales, y no está asociado al nivel de desarrollo económico o avances sociales de una región o estado sino al conservadurismo que existe y persiste en las relaciones sociales y al control que se quiere mantener de las mujeres. Un ejemplo es el norte de México en donde se han hechos avances fundamentales en la parte económica y en los servicios de salud y educación, pero el conservadurismo sigue permeando las mentalidad de la sociedad y de sus políticos, la prueba más fehaciente de esto fue la aprobación de penalización del aborto en marzo del 2019 por parte del Congreso Estatal de Nuevo León, desconociendo las voces de miles de mujeres que han luchado por décadas en este estado por el derecho a decidir sobre sus cuerpos y negarse a seguir siendo gobernadas por las instituciones. En Coahuila, pese a existir una alerta de género, promulgada por presión de las coahuilenses, los asesinatos no han sido frenados. Chihuahua sigue ensangrentado por los feminicidios de mujeres no solo de la maquila sino de todos los niveles sociales, sin que ninguna autoridad gubernamental castigue no solo las muertes sino las violencias diarias a que se enfrentan las mujeres de este estado. Sonora recientemente fue sacudido por el crimen de una académica y activista que luchaba por las comunidades indígenas. Baja California en el año 2019, se colocó en el tercer lugar de homicidio de mujeres. En Tamaulipas la situación es aún más complicada dado no aparecer en las estadísticas nacionales, lo que conduce a que los gobernantes sean más insensibles, sirva un ejemplo. En el año de 2002, una estudiante del Tecnológico de Matamoros fue asesinada en la Playa de Matamoros, en una plática con el alcalde de la época, le comenté de la importancia de tomar acciones para frenar estos crímenes, si no queríamos llegar a niveles como los de Juárez, él simplemente me contestó: “Doctora, apenas llevamos una”. Le conteste: ´precisamente por eso hay que frenar esta problemática o ¿Cuántas más queremos?.´ El solo reconocer al feminicidio como la única forma de violencia contra las mujeres es una cortedad de mirada porque como lo plantee en una conferencia hay golpes y agresiones (emocionales, verbales, visuales) que no se ven (o que no lo queremos ver) pero que son el preámbulo para feminicidios, y son en los que debemos trabajar y prevenir haciendo consciente no solo a los gobernantes sino a nosotras mismas, en especial en nuestras relaciones afectivas.
El violentómetro (https://www.ipn.mx/genero/materialesdeapoyo/violentometro.html) diseñado para detectar grados de violencia debería ser integrado como parte central de nuestro autocuidado. Este debe ser complementado con políticas públicas educativas, sociales, de seguridad, que combatan desde raíz el patriarcado, el machismo, que hay que decirlo no sólo es practicado por los hombres, sino por mujeres que crían y educan con ideas machistas, medios de comunicación, y ahora redes sociales, que difunden con profusión imágenes de violencia contra las mujeres, sexualizan sus cuerpos, abusan de un lenguaje sexista y exhiben los cuerpos agredidos de mujeres como un foco de atracción. Pero sin duda, lo más importante es que la violencia contra la mujer y los feminicidios no sean considerados un número, un crimen cualquiera sino una problemática social que está desangrando al país, y que sean atendidos por los gobernantes, de todos los niveles, antes de que el país siga deshaciéndose socialmente.
