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De acuerdo a las denuncias registradas por migrantes centroamericanos, los delitos son cometidos principalmente por agentes del INM, el Ejército, policías federales y municipales
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Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Tabasco, son las entidades donde se cometen el mayor número de estos abusos
México, D.F. A 5 de noviembre de 2015.- En el cierre del primer día de actividades de la conferencia internacional “La política migratoria mexicana hacia Centroamérica” se concluye que en México persisten las medidas regresivas en torno a la protección de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos.
Rita Robles, integrante del Área de Incidencia, del Servicio Jesuita con Migrantes, calificó la situación de lamentable, ya que en nuestro país existe deficiencia en las políticas migratorias para denunciar abusos, así como sancionar a los responsables de los actos autoritarios, lo que provoca más impunidad.
“Las mayores denuncias que refieren los migrantes son delitos por robo, extorsión, lesiones, cometidos principalmente por agentes del Instituto Nacional de Migración, Ejército mexicano, policías federales y municipales, siendo en los Estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Tabasco, donde se cometen el mayor número de estos abusos”, señaló.
Robles comentó que la pocas denuncias que existen de las violaciones a los derechos humanos -fenómeno que se da principalmente porque los afectados son alentados por las autoridades mexicanas para que los migrantes se desistan de presentar sus quejas- hacen que solamente el gobierno federal tenga documentadas 118 personas desaparecidas, cuando organismos de derchos humanos calculan que esa cifra puede llegar a las 26 mil.
Para Andrea González, integrante del Colectivo Ustedes somos Nosotros, el fenómeno de la violación de los derechos humanos es de raíz, tomando en cuenta que los términos empleados de las autoridades en relación a las políticas migratorias, son conceptos matizados.
“Ellos hablan de ‘rescate’ o ‘aseguramiento’ cuando en realidad son redadas, detenciones masivas: dicen que hay “devoluciones”, pero en realidad son deportaciones sin que se lleve el debidio proceso. Eso sin contar con irregularidades de que a los menores migrantes los lleven a las estaciones migratorias , que en realidad son cárceles, cuando en realidad los deberían llevar al DIF, lo que lamentablemente tampoco es posible porque este organismo no tiene la infraestructura”, comentó.
Ursula Roldán, de la Universidad Rafael Landivar, de Guatemala, refirió que en su país, y en general en la región, “los migrantes son los últimos en acceder a la justicia, y que lo que viven en su camino en busca de un destino mejor, es una acumulación de derechos violados, que siemrpe queda en la impunididad y en la invisibilidad del fenómeno”.
Aunque reconocen avances en la protección de los derechos humanos de los migrantes a raíz de la reforma de 2011, coinciden que estos son insuficientes. “Con el programa de la Frontera Sur, antes los migrantes no eran sistemáticamente incterceptados y deportados, como sucede hoy en día”, señaló María Inclán, Investigadora de la División de Estudios Políticos del CIDE.
Rodolfo Cruz Piñero, de El Colegio de la Frontera Norte, hizo un llamado a ver el programa de la reforma migratoria desde una visión regional, y no como un problema aislado que debe resolver individualmente cada país.
Por último, Tirza Flores, del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de “El Progreso”, Honduras, destacó que se debe contar con los mecanismos trasnacionales de busqueda y acceso a la justicia. “Es necesario crear canales para denunciar hechos desde pais de origen, recibir reparación integral y sancionar a los responsables estatales y particulares”, concluyó.
