El día 14 de octubre se llevó a cabo la presentación del proyecto: «El bordo del canal del río Tijuana: Estimación y características de la población» que tuvo como introducción la presentación de un diagnóstico resultado de estudios realizados por El Colef.
“El Bordo” comprende una longitud de dos kilómetros ubicada en la zona centro de la ciudad. Muchas personas se han asentado en dicha zona tras el desalojo del pasado 5 de agosto de 2013, la movilidad sugiere datos variables que dejan un marco entre 700 y mil personas. Éstas viven en los llamados «ñongos», hoyos, alcantarillas, puentes, laderas y otras variaciones de viviendas.
Entre agosto y septiembre se realizaron 401 encuestas a los habitantes de dicha zona. Según los resultados, tan sólo el 42% lleva residiendo ahí menos de un año. Además, el 17% estudió en EE. UU.; el 52% habla inglés y el 6% habla una lengua indígena.
Los lugares de procedencia de la gran mayoría son los estados de Baja California, Sinaloa, Michoacán y Guerrero. Es decir, un 53% de la zona centro y norte del país. Del 2005 a la fecha se llevaron a cabo las deportaciones de los indocumentados, 91% fueron retornados y un 8.5% regresó por propia decisión. El 72.6% residía en el Estado de California, mayoritariamente por más de 6 años. De entre esta población, sólo 29% tiene contacto con su familia.
Respecto al tema del uso de narcóticos, el 29% nunca ha consumido una droga en su vida, el 71% ha consumido y el 20% de los que consumen iniciaron en el bordo; esto quiere decir que tales condiciones incitan al consumo. Las maneras de subsistencia se dividen de la siguiente manera: 41% es la limpieza de carros, 20% tienen un trabajo en el mercado, 44% en reciclaje, servicios, albañilería, entre otros similares y 10% pidiendo dinero. A su vez, el 94% ha sido detenido por la policía municipal alguna vez, 34% por no tener identificación, 33% por deambular y 15% por su aspecto. El 44% sufrió agresiones físicas y 52% agresión verbal. De entre los mismos estudios, se compartieron los testimonios de abusos de la Policía. El 70% es detenido alrededor de una vez por semana.
Las encuestas indican que el 38% de migrantes desean regresar a EE. UU., el 26% desea quedarse en Tijuana y tener un trabajo, el 12.7% desea reunirse con su familia y el 6.6% regresar a su lugar de origen.
Tras el desalojo, el 6 de agosto se estableció un plantón que inició con 20 tiendas; para el 20 de septiembre había 300 tiendas de campaña y 700 “ñongos”. Las líneas de intervención que sugiere el estudio son los programas de albergues, credencialización y comunicación fronteriza, programas de reinserción laboral, prevención y rehabilitación, apoyos para retorno a lugar de origen y una evaluación del sistema de detenciones de la policía municipal
Respecto a las deportaciones, la Dra. Marie-Laure Coubès mencionó que el flujo ha disminuido dos terceras partes, sobretodo en población femenina. Mientras que hubo un aumento de deportaciones del 33% entre 2007 y 2009. Las características de los deportados, según la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF), exponen que alrededor de 100 mil deportados tenían más de un año de residencia (en promedio 8.5 años) de los cuales, el 77% sufrieron separación familiar. Además, son deportados a Tijuana, Mexicali y Matamoros principalmente, pero también a San Luis Río Colorado, Nogales y Nuevo Laredo.
Actualmente, la intención del 69% de esta población es de volver a cruzar a EE. UU., se encontró que los que tienen más de 5 años de residencia son los que quieren regresar. El estudio muestra que el 65% de deportados regresaría a su lugar de origen, 12% desea quedarse en la frontera y 23% piensa cruzar en los próximos días. en cambio, de los deportados que tenían más de 5 años residiendo en EE. UU., 57% desea regresar a su lugar de origen, 16% desea permanecer en la frontera y 25% volver a cruzar.
Los deportados detectados a través de la frontera por la EMIF y los deportados en situación de calle presentan una prevalencia de VIH del 0.8%, y una resistencia a medicamentos antituberculosos que es mayor en California que en Baja California.
Según la encuesta realizada entre abril y junio de 2013 por la Dra. Ietza Bojórquez, el 40% que vive en situación de calle reporta tener problemas emocionales. El 12% contesta afirmativamente ante la pregunta de si ha pensado quitarse la vida alguna vez: «El consumo de drogas es una problemática que siempre ha estado presente y esa constancia es un riesgo mayor para esas personas que están llegando al bordo con tales condiciones», agregó la investigadora. Se registró también un mayor consumo en migrantes que en no migrantes. El 72% consumen drogas en el bordo. Es decir, viven en un ambiente de exposición y disponibilidad a las drogas que, a la vez, procura el incremento en dependencia y drogas inyectables. A esto se suma la problemática que representa la falta de información sobre formas de tratamiento y la falta a un servicio de salud. Anualmente 25 mil personas requieren tratamiento para diabetes y 13,691 personas reciben un apoyo en salud mental.
Por otra parte, la Dra. María Pombo Dolores habló de las violaciones a derechos humanos, resaltando las faltas a la libertad de tránsito, seguridad física e integridad física. Declaró que los migrantes: «son arrestados arbitrariamente por la policía, se alude a daños a la moral e infracciones menores pero básicamente arrestos contrarios a lo que permite la Constitución». Entre esas infracciones resalta el consumo de drogas, sin embargo, «de acuerdo con el código penal federal, el consumo no está penado en nuestro país» y están estipulados las dosis personales. Además, no tienen acceso a la salud. Otra violación a la integridad se da por los operativos de la Policía Municipal. «Regularmente hay operativos de llevar forzosamente a las personas que están en el bordo a los centros de rehabilitación, lo cual también es violatorio, sino también contraproducente porque la rehabilitación no puede ser forzada» comentó la investigadora.
El principal violador de los derechos humanos es la policía municipal, de acuerdo con el estudio realizado por la Dra. Laura Velasco. Un 93.5% de los deportados que viven en el bordo han sido detenido alguna vez por la policía municipal, de los cuales 44% sufrió agresión física y un 32% robo de pertenencias o destrucción de documentos.
Por su parte, el Dr. Oscar Contreras comentó otra situación a considerar: «los arrestos les hacen perder el trabajo que con muchas dificultades logran conseguir en comercios, talleres y mercados». Sin embargo, las detenciones por faltas administrativas son tres veces mayor al promedio nacional (entre 87 y 92%). Según la Policía Municipal, el 75% de los delitos de la ciudad son efectuados por migrantes, lo cual es información falsa.
El investigador agregó que existe una arbitrariedad institucionalizada con una visión distorsionada de la situación de migrantes deportados, basada en prejuicios que los discriminan a través de una práctica esquematizada de detenciones arbitrarias y abusos por parte de la policía.
Finalmente, el Dr. Tonatiuh Guillén, presidente de El Colef aclaró que este diagnóstico nos invita a conducirnos a través de programas articulados, para lo cual «es necesario un diálogo más fino sobre la deportación, y la dimensión social de tantas asociaciones civiles y religiosas que están abordando la problemática».
La Diputada Amalia García Medina, presente en dicha conferencia, reafirmó que tales condiciones eran inaceptables. «Las fronteras deberían ser espacios de crecimiento, de desarrollo y no de violaciones a derechos humanos» comentó. Mientras tanto, la Senadora Ana Gabriela Guevara hizo un recuento de las últimas acciones del gobierno en el tema, declarando que la problemática sigue persistente.
«Sobre la visibilidad de la problemática nos falta un terreno grande por avanzar. Una ruta necesaria será la incidencia en el presupuesto y en el programa nacional de migración», concluyó el presidente, el Dr. Guillén.
Para consultar los resultados expuestos en los estudios, puede ingresar al siguiente enlace:
