“Perfiles, dinámicas y perspectivas en torno a la situación de las personas refugiadas en México” es un estudio elaborado por El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) y la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR. Una serie de factores han contribuido a recrudecer la situación social, política y económica en varios países del continente. Por un lado, la existencia de una política de asilo cada vez más restrictiva en los Estados Unidos, y por otro, las deficiencias en el sistema de protección mexicano, vinculado a su posición geográfica, proponen una realidad cada vez más compleja para miles de personas que se han visto obligadas a movilizarse desde sus lugares de origen.
Contexto
Tomando en consideración los registros administrativos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y de la Unidad de Política Migratoria (hoy UPMRP), el número de personas solicitantes de la condición de refugiado en México tuvo un crecimiento de 5,348% en apenas seis años (de 1,296 en 2013 a 70,609 en 2019). Debido al cierre de fronteras en algunos países a causa de la pandemia, durante 2020 el número se vio reducido. Sin embargo, puede observarse que se ha recuperado la tendencia al crecimiento de las solicitudes hechas por personas principalmente de Centroamérica, con especial mención Honduras, El Salvador y Guatemala, aunque también se han sumado personas de Haití, Cuba, Nicaragua, Venezuela y de otros países de África y Asia.
Por lo tanto, desde distintas instituciones, es decir, diferentes trincheras, académicas y gubernamentales, es imprescindible unir esfuerzos a propósito de fortalecer las capacidades institucionales para la atención e integración de estas poblaciones. En ese sentido, uno de los recientes resultados se ve materializado con “Perfiles, dinámicas y perspectivas en torno a la situación de las personas refugiadas en México”, el primer estudio que analiza la situación de las personas refugiadas en México.
El estudio
El estudio cuantitativo y cualitativo permite obtener información esencial de la condición de refugiados en distintas materias y aristas. Abarca esta investigación no sólo su entorno cotidiano, sino también los espacios en los que se han ubicado. El propósito ha motivado a conocer puntualmente, a través del proyecto, los perfiles, dinámicas y perspectivas en torno a la situación de las personas solicitantes de la condición de refugio y beneficiarias de protección complementaria en México. Asimismo, es un registro llevado a cabo en colaboración de organizaciones académicas, pero también desde instituciones que atienden a la población migrante.
Metodología
Así pues, la investigación fue realizada en 11 ciudades del país entre septiembre de 2019 y enero de 2020, tomándose en cuenta 1,768 encuestas, 153 entrevistas, el análisis de datos, leyes y otras fuentes. Como resultado, el documento integra tanto las características sociodemográficas y socioeconómicas de la población en desplazamiento, así como las experiencias en los procesos de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y de integración; las determinantes contextuales y la estructura de oportunidades que ofrecen las localidades de estudio y principales puntos de arribo: Tapachula, Palenque, Tuxtla Gutiérrez, Cancún, Villahermosa, Tijuana, Saltillo, Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes y San Luis Potosí.
La recuperación de datos a través de la encuesta permitió estandarizar los hallazgos en las 11 ciudades mencionadas, y así conformar una base de datos única, a la vez que el cuestionario se integró con variables encaminadas a recuperar la diferenciación de las condiciones que pudiera presentar cada ciudad. La Encuesta para Solicitantes de Reconocimiento de la Condición de Refugiado y Refugiados/as (ESCRR) realizada para esta investigación, recoge que el principal país de nacimiento de los solicitantes es Honduras (47%), seguido por Venezuela (17%), El Salvador (14%), Cuba (11%), Guatemala (6%), Nicaragua (4%) y Haití (2%).
Algunos Datos
También asevera que la cuarta parte de los solicitantes (25%) entró a México durante 2018 o antes; el 40% durante el primer semestre de 2019, y el 35% durante la segunda mitad de ese año; y además, que el 40% son mujeres. La resolución de los casos, sin embargo, presenta un considerable rezago, pues durante 2018 el 73% de los casos continuaron pendientes de respuesta.
Dentro del total de encuestados, el 55% está en el rango de edad de 25 a 39 años, aunque por países, destaca la mayor proporción de población de 15 a 29 años dentro de los procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras (más del 40% en cada uno). Las edades de los hijos que acompañan a los solicitantes de la condición de refugiado en México, se concentran principalmente entre los 6 y 12 años (41%); seguidos por los de 0 a 5 años (39%). Al consultar si los hijos de entre 5 y 18 años están asistiendo a la escuela, sólo 45% de los encuestados respondió afirmativamente.
Entre la población que declaró estar ocupada, se halló que sólo el 23.6% tiene acceso a servicios públicos de salud (IMSS, ISSSTE, entre otros) vinculados a su trabajo; por tanto, este grupo se puede considerar parte del sector formal de la economía. Al analizar los datos por condición de estancia en México, la ESCRR arroja que el 39.5% de quienes cuentan con la condición de refugiado tiene un empleo formal, mientras la participación desciende a 12,7% entre quienes son solicitantes. A su vez, de aquella población ocupada que reporta no tener acceso a servicios de salud por su trabajo, el 30.3% señaló que obtiene esa atención en consultorios de farmacias.
Hallazgos
A partir del trabajo de campo y de las entrevistas a informantes clave, la investigación arrojó que particularmente las ciudades de Tapachula y Tijuana cuentan con decenas de organizaciones de la sociedad civil e instituciones que brindan servicios a las personas solicitantes de la condición de refugiado, refugiadas y con protección complementaria. Además, en las escuelas, clínicas y hospitales de estas localidades existe un mayor conocimiento en torno al proceso de asilo.
También es importante señalar que en la mayoría de localidades de estudio se detectó que una debilidad de las organizaciones e instituciones es la falta de programas de acompañamiento para la integración laboral de las poblaciones de interés, y que una problemática es la difícil relación y vinculación de los actores que realizan acompañamiento jurídico a los solicitantes con las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), particularmente en las localidades donde no se encuentra la COMAR para receptar dichos trámites.
El reconocimiento como refugiado en México es percibido como un logro para los encuestados, teniendo en cuenta los tiempos y las condiciones de espera para conseguirlo, además que les da certidumbre, confianza y más seguridad que siendo solicitantes. Sin embargo, tal condición jurídica no da por sentado que su integración sea positiva. El acceso a trabajo, vivienda, educación y otras oportunidades presentan limitantes en ciertas ciudades; a ello se suma la discriminación y más recientemente, los efectos económicos derivados de la pandemia del COVID-19, que puede situarles en contextos de inserción más complejos.
El informe completo puede consultarse a través del siguiente enlace: https://bit.ly/3oe6v2Y
