Dra, Alejandra Castañeda
Coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria
Desde que el presidente de Estados Unidos canceló el programa de Acción Diferida contra la Deportación DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) el 5 de septiembre de 2017, se estima que entre 20, 000 y 21,000 jóvenes han perdido esta protección al no haber renovado antes del 17 de octubre del año pasado. Posterior a esta decisión, dos cortes de apelaciones han detenido la cancelación de DACA lo que permite, acaso temporalmente, que continúen las renovaciones de esta protección. (Ver 1, ver 2) La administración Trump, a su vez, ya llevó el caso a la Suprema Corte. (Ver apelación)
En el decreto emitido por el presidente Trump se puso el 5 de marzo de 2018 como fecha límite para que el Congreso encuentre una solución legislativa, de lo contrario el programa se irá terminando conforme expiren los permisos expedidos por USCIS.
Hoy se está frente a la disyuntiva de que el Congreso apruebe una ley que permita la legal estancia de los dreamers en medio de un clima político polarizado donde, del lado republicano, priva la perspectiva anti-inmigrante, y donde la administración Trump incluyó, como parte de la negociación, cambios en la ley migratoria para poner límites en la migración familiar.
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