El viernes 8 de noviembre se llevó a cabo la conferencia “Determinantes de obesidad y efecto de un impuesto a refrescos en consumo y salud” dictada por la Dra. Arantxa Colchero Aragonés, del Instituto Nacional de Salud Pública, dentro de las actividades del Seminario de Población. La investigadora introdujo su presentación con la relación que hay entre el ingreso y el estilo de vida de las mujeres adultas en México en el 2006 a partir de un estudio publicado en 2012. Dicho estudio muestra que en el año 2000, la población nacional de mujeres adultas con sobrepeso constaba del 62%, nivel que se elevó al 70% en 2006; expuso también que el índice de sobrepeso está relacionado al nivel de desarrollo de una nación. “Los pobres son los más afectados por la obesidad”, señaló.
El estudio extiende su análisis a la heterogeneidad entre el área rural y urbana y la distribución de peso, utilizando también los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2006). Los resultados mostraron que el peso es más bajo en áreas rurales, así como el ingreso, mientras que son mayores las actividades sedentarias en las áreas urbanas. Del gasto total en alimentos, el 13% se destina a bebidas azucaradas en las zonas urbanas, mientras que en las zonas rurales sólo el 11%. Se concluyó que existe una relación de 1,000 pesos mensuales por 1.14 extra de masa corporal y que, entre mayor sea el gasto en bebidas azucaradas, mayor es el índice de grasa corporal en mujeres.
Tomando en cuenta diferencias de ingreso, horas sentado y gasto en bebidas azucaradas, se dividieron los resultados en dos grupos. El primero, que incluye al 77% de la muestra, promedia un 27.3 de masa corporal, y un segundo grupo, que consta el 23%, marcó el 33.8 por ciento. Explicó que “el ingreso se asocia positivamente con el peso en áreas rurales”, sin embargo, el peso es menor también en mujeres con mayor educación.
Pasando a términos de economía, su área de estudio, explicó la demanda elástica del impuesto agregado al refresco en México y el posible impacto que éste tendría en un marco donde el 70% de los adultos y el 30% de los niños sufren obesidad. Declaró que el impuesto es positivo como una medida de efecto más inmediato al de la intervención educativa. Tomando en cuenta que la elasticidad precio es el consumo de proporción consumida con respecto al cambio porcentual del precio, concluyó que un impuesto del 10% disminuiría el consumo en un 13%.
Se valió de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de los años 2006, 2008 y 2010 para señalar que la estimación del impacto supone un aumento del consumo de agua natural en un 3% y de leche en un 16% en lugar de la sustitución por otras bebidas azucaradas como jugos y aguas preparadas. Dicho impuesto recaudaría de 20 a 24 mil pesos al año, representando el 30% de los gastos en obesidad. Y agregó que “es importante que esa recaudación se vuelva inversión en agua potable en zonas rurales para hacer posible esas sustitución”.
Sobre los impactos que el impuesto tendría en salud, destacó que los casos de diabetes evitados apuntarían entre 800,000 y 1,275,000 desde su implementación hasta el 2030, con un ahorro de 50.9 mil millones de pesos por casos directos de atención, también al 2030. Además, sugirió un impuesto del 20%, el cual reduciría el 2% de prevalencia de sobrepeso y diabetes a nivel nacional en 10 años.
Al ver si el impuesto podría resultar regresivo, se estudió el impacto que el impuesto tendría sobre la población de menores ingresos. Agregó que se reduciría el consumo en un 13% en hogares de muy alto grado de marginación y 5.6% en los de muy bajo nivel de marginación. Del primer sector, 46% consume refrescos, representando el 2.8% del gasto total en alimentos; mientras que el segundo sector los consume en su 68%, representando el 0.6% del gasto. Una vez implementado el impuesto, el gasto total se disminuiría al 2% (0.42 del impuesto pagado) y 0.4% (0.10% del impuesto pagado), respectivamente. Esto señala que tal política podría ser regresiva si tomamos en cuenta que es una mayoría de población de alto nivel de marginación pagando en comparación con la población de nivel de marginación muy bajo; sin embargo, la reducción de consumo es mayor en el primer sector. Los beneficios en general se traducen en menos gastos catastróficos y potencializan la inversión en agua potable para comunidades necesitadas.
El porcentaje del impuesto seguía siendo muy bajo, opinó la ponente, para tener un efecto en la salud, siendo sólo una medida mínima de incentivar la reducción de su consumo. “Lo ideal es desincentivar a través de información para la población sobre los daños que tienen las bebidas a la salud”, señalando que existe mucha ignorancia sobre el contenido energético de este tipo de bebidas y sus efectos a la salud.
