Como candidato del Partido Republicano, Donald J. Trump hizo una campaña marcada por una retórica racista, xenófoba y antiinmigrante. Como presidente electo, declaró que en sus primeros 100 días de gobierno, implementará un plan para deportar a «dos o tres millones de extranjeros criminales (criminal aliens)». Igualmente cancelará fondos federales a las ciudades santuario y anulará las órdenes ejecutivas de Obama que incluyen como la más relevante la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).
Los nombramientos que Trump está haciendo para su gabinete confirman que implementará una política antinmigrante sin concesiones. En este sentido, la inclusión de Kris Kobach-autor de la ley SB 1070 de Arizona y las subsecuentes que le siguieron en otros estados-a la cabeza del diseño de la política migratoria, apunta hacia el tono que tomará la política migratoria en la era de Trump. En concreto, se buscará reducir la presencia de migración indocumentada y forzar su salida de Estados Unidos (EE.UU.) complicando su vida diaria mediante una vigilancia extrema en todo el país (attrition through enforcement).
Contexto
Las declaraciones de Trump sobre el endurecimiento de la vigilancia fronteriza y migratoria hacen eco de una política de Estado aplicada en EE.UU. desde los 1990s, reafirmada después del 11 de septiembre de 2001. Durante los últimos veinte años, el gobierno de Estados Unidos ha construido vallas a lo largo de más de mil kilómetros de la frontera con México. La infraestructura de vigilancia fronteriza comprende además sistemas de vigilancia por video, detectores de movimientos y drones. Desde 2003 hasta la actualidad, la Patrulla Fronteriza ha doblado el número de agentes y suman actualmente cerca de 23 mil, el 85% de ellos desplegados en la frontera con México.
En relación a las políticas de deportación masiva, es necesario recalcar que la administración Obama realizó más de 2,800,000 deportaciones (2,878,672 de 2008 a 2015) y llegó a deportar en un año, 2012, a más de 400,000 personas. Esto fue posible en gran medida por la aplicación del programa Comunidades Seguras, que inició en el último año de George W. Bush. Comunidades Seguras estableció acuerdos de cooperación entre policías locales y el gobierno federal para detener y deportar a migrantes indocumentados.
Con el paso de los años y frente a la negativa de varias jurisdicciones locales a continuar colaborando con las autoridades migratorias, la administración Obama canceló el programa, y estableció uno llamado Programa Prioritario de Vigilancia Migratoria (Priority Enforcement Program, PEP) que se viene aplicando desde 2014.
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