Tijuana, B.C., a 21 de septiembre de 2017.- Este jueves se llevó a cabo en El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), la conferencia “La gestión ambiental en México: De la prevención a la criminalización”, impartida por el Dr. Luis R. Vera, abogado en derecho ambiental y Socio fundador de la firma Vera & Asociados, en donde analizó la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA) de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
En su charla, el ponente mencionó que esta iniciativa publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2013, es una ley procesal que pretende regular la responsabilidad ambiental por daños al ambiente, sin embargo, recalcó que en cambio, es una política regresiva que viola los convenios internacionales que México ha suscrito.
“Esta ley crea una Subprocuraduría que valida cuestiones técnicas sin tomar en cuenta a la SEMARNAT ni a sus institutos, además tiene el control y la libertad de muchos inversionistas en el país”, señaló Vera Morales.
Afirmó que este es un cambio de política que se da a partir de criterios y percepciones directas de funcionarios públicos sin haber sido discutidas previamente.
Dijo que su firma, a partir de más de 6 mil expedientes abiertos, lo que ha percibido es que la PROFEPA ha cambiado las reglas del juego y lo que ha sucedido es que “estamos dirigiéndonos hacia una visión de criminalización mediante criterios no válidos y sin hacerle caso a la ley aprobada por nuestros representantes en el Congreso”.
“Antes, el que podía tener una afectación ambiental debía realizar un procedimiento que determinara que había violado la ley; ahora ya no, actualmente entra una denuncia en el Ministerio Público y se trata a esta persona que está siendo sujeta a procedimiento como un inculpado, y a aquellos posibles afectados, como víctimas”, informó el abogado.
Agregó que dicha iniciativa lleva hacia la victimización, “En la práctica, los ciudadanos tenemos que demostrar que no somos los culpables. Es peor caer hoy en la PROFEPA que en la PGR, hay un convenio autoincriminatorio y ese es el problema”, abundó el catedrático.
Indicó que algunas de las consecuencias que ha traído esta ley consisten en la desnaturalización de instrumentos; en la confusión administrativa; en la elección de recursos científicos posiblemente mal encaminados; en decisiones basadas en rentabilidad política; en costos sociales sumamente altos; en un desencuentro entre derecho-ciencia y finalmente, que desactiva las acciones colectivas ambientales.
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