Investigador, del Departamento de Estudios de Administración Pública
Coordinador del Seminario Internacional de Seguridad y Desarrollo en las Relaciones México-Estados Unidos-Canadá.
Investigadora, del Departamento de Estudios de Administración Pública.
Tradicionalmente, con los cambios de gobierno en Estados Unidos cada vez se suele plantear que inicia una nueva era en las relaciones México-Estados Unidos. Con anterioridad se crearon comisiones binacionales, con la finalidad de fundamentar los nuevos procesos de toma de decisiones bilaterales. Sin embargo, en términos generales, tales esfuerzos han sido limitados, considerando las prioridades internacionales que tradicionalmente han caracterizado al gobierno de Estados Unidos en sus relaciones internacionales y particularmente en el caso de México.
El presente análisis se orienta bajo dos premisas centrales, primero, que en el corto plazo no se espera cambios sustanciales en la agenda de relaciones México-Estados Unidos, dado que la administración federal del nuevo mandatario tiene otras prioridades de política interna e internacional. Segundo, que el cambio en la prioridad de la política exterior hacia Estados Unidos dependerá de la capacidad gubernamental mexicana de articular los temas estratégicos bilaterales con los temas prioritarios de carácter internacional de Estados Unidos.
En el primer caso, la agenda de relaciones México-Estados Unidos se caracterizará por los temas de seguridad y crecimiento económico, dado que éstos son una prioridad para la administración federal de Estados Unidos. Lo complejo del tema , es que la agenda de seguridad plantea temas que van desde la seguridad pública (robos, secuestros, homicidios y adicciones), seguridad nacional (crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas), hasta la seguridad fronteriza (terrorismo) y seguridad humana (niveles de vida e igualdad de la población mexicana fronteriza). Así mismo, estas distintas dimensiones de la seguridad transitan desde ser asuntos de carácter local hasta tener una dimensión global, lo que conlleva a la necesidad de fortalecer un paradigma de gobernanza estratégica en seguridad. Este paradigma implica la capacidad gubernamental de diseñar y ejercer proyectos estratégicos consensuados bajo una orientación de la seguridad y el desarrollo que permitan a las comunidades disminuir las vulnerabilidades y riesgos según sus amenazas previsibles y emergentes. La ausencia de una gobernanza será un factor determinante para reducir las amenazas tanto en la seguridad a nivel global de Estados Unidos como, por ende, en las relaciones México-Estados Unidos. Bajo tal paradigma, México podría redefinir su prioridad estratégica con Estados Unidos y en el contexto internacional, si se conciben las distintas dimensiones de la seguridad y se reconoce que para reducir las vulnerabilidades se requiere fortalecer las capacidades de gobernanza estratégica.
El paradigma de gobernanza en seguridad y desarrollo también se asocia a la existencia de una eficaz gestión gubernamental nacional o transnacional, la cual debe generar condiciones óptimas de seguridad (pública, nacional, fronteriza y humana) y que conllevan a la gobernabilidad de los países, lo cual establece las condiciones previas para definir proyectos estratégicos en materia de crecimiento y desarrollo económico. En materia de relaciones México-Estados Unidos tal paradigma parte de que en el marco de la inseguridad global, existen temas prioritarios como la democracia, crecimiento económico, libre comercio y soberanía. La política de seguridad puede promover el desarrollo, en la medida en que el gobierno de Estados Unidos conciba una visión integral y global en materia económica, comercial, migración y desarrollo. 1Igualmente, la seguridad conlleva a un desarrollo, si se considera que la política de seguridad fronteriza de Estados Unidos se orienta hacia una mayor agilización en los cruces de personas, autos y mercancías en la frontera sur.
1. La vinculación del comercio y el desarrollo también es explicada por el gobierno de Estados Unidos en su Estrategia de Seguridad Nacional, (op. cit.) en términos de: «la conexión entre el comercio y el desarrollo. Las políticas comerciales pueden ayudar a los países en desarrollo a fortalecer los derechos de propiedad, la competitividad, el imperio de la ley, la inversión, la difusión del conocimiento, las sociedades abiertas, la asignación eficiente de recursos y la integración regional –todo lo cual conduce al crecimiento, la oportunidad y la confianza en los países en desarrollo (véase http://usinfo.state.gov/espanol/).
Desde la perspectiva gubernamental de Estados Unidos, una de sus prioridades en materia de su política de seguridad fronteriza ha sido que exista un balance entre seguridad y cruces fronterizos; objetivo que se contempla en el Plan de Fronteras Inteligentes negociado con México en 2002. Sin embargo, no ha sido posible lograr tal balance, porque se ha priorizado la seguridad. El costo de este desequilibrio se puede apreciar en los resultados de un estudio elaborado por El Colef reportados a fines de 2007 que muestran un total de $7.54 mil millones de dólares en pérdidas económicas para toda la frontera norte causadas por la lentitud de los cruces. 2No obstante, han existido algunos avances que pretenden reducir las demoras para ingresar a Estados Unidos a través de los puertos fronterizos. 3En el corto plazo no se considera que se puedan reducir las demoras en los cruces fronterizos con Estados Unidos, dado que la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, se encuentra en un proceso de ajuste burocrático, Y además, en materia de seguridad fronteriza, es claro que para Estados Unidos las prioridades a corto plazo son reforzar las fronteras, proveer equipo más sofisticado para la vigilancia antidrogas, y aumentar la cooperación en armas, entre otras. En el marco de la inseguridad destaca el papel y el impacto que ha tenido la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), particularmente en términos de avanzar en la generación de proyectos de inversión en comunidades del centro del país. A pesar de que se suponía que la ASPAN debía de prestar la misma atención al asunto de la seguridad, no ha sido así. Es en parte por esto que aunque en el transcurso de los años se ha fortalecido la cooperación antidrogas de México con Estados Unidos en el marco de la ASPAN, , se considera que este esquema no ha sido eficz en la reducción del tráfico de drogas a través de la frontera. Un claro ejemplo de este fracaso es la evidencia de que a pesar de que con el esfuerzo bilateral se han confiscado más cargamentos de cocaína que nunca, no hay escasez de la droga en el mercado estadounidense, según los resultados de un estudio elaborado por la Oficina de Washington sobre Latinoamérica (WOLA, por su nombre en inglés). 4Esto se puede apreciar en el hecho de que durante el período 2004-2007 el precio de venta al menudeo continúo bajando y su pureza permaneció alta –criterios de medición del nivel de oferta usados por la Oficina de Política Nacional para el Control de las Drogas (ONDCP por su nombre en inglés) de la Casa Blanca. Por ello, la ASPAN se enfrenta el reto de rediseñarse bajo un enfoque de seguridad y desarrollo regional, en donde se equilibren ambas prioridades.
2 Gustavo del Castillo et al., “Estudio de puertos de entrada México-Estados Unidos: Análisis de capacidades y recomendaciones para incrementar su eficiencia, resumen ejecutivo”. El Colegio de la Frontera Norte, 19 de diciembre de 2007.
3 Véase el planteamiento del comisionado Robert C. Bonner, en conferencia ante la U.S. Chamber of Commerce Washington, D.C., 18 de noviembre de 2005, en www.cbp.gov.
No obstante, se tienen dudas en que la nueva administración del presidente Obama tenga la capacidad de conciliar un enfoque estratégico que pueda articularse tanto a la Iniciativa Mérida como al resto de los esquemas de control fronterizo promovidos por el gobierno de Bush en años anteriores. Esta indefinición en la política de Estados Unidos en el plano bilateral abre un espacio para que los grupos delictivos continúen posicionando sus capacidades organizacionales en las fronteras, logrando con ello, que el tráfico de drogas se mantenga y aumente, en un marco de incertidumbre en la implementación de las políticas antidrogas, seguridad y control fronterizo por parte de Estados Unidos y en un plan bilateral.
4 John Walsh y Maureen Meyer, “Lowering Expectations,” WOLA Report, 14 de abril de 2009.
La pregunta central es si es viable redefinir la estrategia bilateral antidroga en el marco de la implementación de la iniciativa Mérida. Sí es posible si en nuestro país se implementan una serie de cambios en la política pública. Primero, debe existir un diagnóstico integral que destaque la interdependencia entre los factores determinantes de la inseguridad pública, seguridad nacional fronteriza y los niveles de desigualdad social (seguridad humana) Segundo, las estrategias en política deben tener un enfoque integral, transversal y estratégico, destacando un papel central del ejército y la marina, particularmente a través de tareas de inteligencia. Adicionalmente, el resto de las corporaciones policíacas deberán tener un proceso de cambio en su enfoque, visión, capacidades, controles anticorrupción e incentivos. El papel de las corporaciones debe fundamentarse en un esquema de gestión y cooperación interorganizacional que reduzca las limitaciones estructurales que han impedido tal cooperación. En este esquema, debería existir un mando civil, con legitimidad, responsable de la coordinación ejecutiva de las distintas tareas. Un tercer elemento es la existencia de programas estratégicos y operativos, en donde se articulen acciones de eficacia policíaca y otras vinculadas a la prevención social con un enfoque interorganizacional. Estos dos perfiles de los programas son una prioridad de la política pública, considerando que la experiencia internacional indica que ambos enfoques son indispensables para reducir o controlar la inseguridad. Adicionalmente es fundamental que los programas sean sujetos de un proceso de seguimiento y de evaluación, mecanismos que permiten conocer avances, impactos y retrocesos. Es de destacar que los procesos de evaluación son incipientes en los procesos de gestión pública en México, especialmente en materia policial, con lo cual es fundamental fortalecerlos. Esta política tendrá algunos alcances, considerando el proceso de redefinición de la política de seguridad. La política de seguridad debe cumplir con lo siguiente:
Las premisas anteriores nos dan una idea de la complejidad y los retos que implica un mayor avance de la ASPAN en la relación México-Estados Unidos bajo el enfoque del desarrollo. De ahí que un mayor avance de tal Alianza dependerá de una serie de factores vinculados a aspectos de gestión, prioridades, acuerdos políticos, así como la visión, capacidad, liderazgo y planeación estratégica de los distintos actores mexicanos y estadounidenses vinculados con la ASPAN.
Como se ha comentado, dos áreas que exigen una atención inmediata y sostenida del gobierno del presidente Obama son el rescate y la recuperación de la economía estadounidense y sus redes financieras y comerciales en todo el mundo. Pero Washington no puede concentrarse sólo en los asuntos económicos, sino que también debe prestar mucha atención a la política mundial, por ejemplo a las relaciones con China y con Rusia, que representan retos para el liderazgo estadounidense.
Así mismo, es de destacar que en los próximos años la vulnerabilidad en materia de inseguridad global, en particular de Estados Unidos, se mantendrá, dada la incapacidad de la diplomacia estadounidense de resolver tanto por vía militar y diplomática los problemas en Irak, Afganistán y en un segundo caso, los conflictos con Irán y Corea del Norte. En este sentido, la inseguridad asociada tanto a la importancia del narcotráfico como al terrorismo internacional estará presente en la agenda internacional de Estados Unidos, lo que determina la necesidad de diseñar políticas más eficaces, estratégicas y prospectivas. En este contexto, cabe reflexionar sobre cuál seria la aportación de la abogada Hillary Clinton como secretaria de Estado para restablecer el liderazgo y el respeto de Estados Unidos en el contexto internacional. De la eficacia de la secretaria Clinton dependerá que se asuma un enfoque estratégico en materia de geopolítica internacional, en donde las prioridades sean la seguridad y el desarrollo. En este marco, la vinculación con la Secretaría de Comercio de Estados Unidos será clave si se asume un paradigma en el cual las políticas comerciales puedan ayudar a los países en desarrollo a fortalecer los derechos de propiedad, la competitividad, el respeto a la ley, la inversión, la difusión del conocimiento, la apertura de sociedades , la asignación eficiente de recursos y la integración regional –todo lo cual conduce al crecimiento, la oportunidad y la confianza en los países en desarrollo o que se encuentran en beligerancia–. Sin embargo, el diseño de esta política con una visión estratégica, integral y transversal es muy compleja, dado que tradicionalmente la política estadounidense no le ha concedido una prioridad a tal política
Este contexto abre oportunidades y problemas para México, siempre y cuando sea capaz de proponer y fundamentar una agenda común en materia de seguridad y desarrollo regional, lo que implica asumir liderazgos regionales, posiciones que la política exterior mexicana ha perdido, pero que podría recuperarse pues la coyuntura actual de preocupación del gobierno de Estados Unidos abre esta oportunidad. En el caso de América Latina, es de llamar la atención que la ausencia de una política estadounidense hacia America Latina durante la administración del presidente George W. Bush, dio pie a que China fortaleciera su presencia en América Latina, especialmente en Venezuela, situación que provocara ciertos cambios geopolíticos en la región, dada la influencia del presidente Chávez en el sur del continente. En este contexto, cabe reflexionar sobre cuál será la importancia que la nueva administración de Estados Unidos le concederá a América Latina y en particular a México. La importancia radicará en la capacidad que tenga el actual o nuevo subsecretario para asuntos latinoamericanos del Departamento de Estado y con ello, en su visión de construir una propuesta más efectiva hacia América Latina y en particular hacia México.
La frontera México-Estados Unidos y, en general, las relaciones entre ambos países han sido un espacio y un marco para la cooperación y la definición de retos transfronterizos. En la actualidad los problemas de violencia, inseguridad y crimen organizado han cuestionado severamente la estabilidad fronteriza y la seguridad nacional de ambos países. 5 Esta situación ha sido producto de las limitaciones de la política antidrogas de Estados Unidos hacia la frontera, la ausencia de una cooperación bilateral eficaz para erradicar tales problemas, el tráfico de armas hacia México y finalmente, las desarticuladas acciones intergubernamentales mexicanas contra la inseguridad. Este contexto, ha dado pie a que se mantengan los mismos niveles de tráfico de cocaína, mariguana y recientemente metafentaminas hacia Estados Unidos como existían a inicios de los noventa. El impacto del aumento de la violencia fronteriza desde fines de 2008 ha provocado que en la actualidad (abril 2009) el tema de la migración indocumentada haya disminuido su prioridad en la agenda con Estados Unidos y que ahora los problemas prioritarios sean la inseguridad, la violencia y el crimen organizado fronterizo. 6De hecho, durante la reciente visita a México del presidente Obama tales temas acapararon la atención en la agenda.
5 Esto ha traído como consecuencia una preocupación especial de diversas agencias federales de Estados Unidos –de octubre de 2008 a abril de 2009– y de la organización de diversas audiencias en el Congreso estadounidense en marzo de 2009, situación no vista desde mediados de los ochenta. Igualmente, medios como el New York Times, el Financial Times y El País le han concedido una gran cobertura a la violencia fronteriza desde mediados de 2008.
El impacto de la inseguridad en México se puede contextualizar bajo las cuatro dimensiones de la seguridad mencionadas antes (seguridad pública, seguridad nacional, seguridad fronteriza y seguridad humana, lo que implica el diseño de tales políticas pero articuladas y bajo un enfoque intergubernamental. Estas dimensiones de la inseguridad han estado presentes en la frontera, pero no ha existido una política integral y transversal que las considere, lo que ha incidido en los problemas actuales de tráfico de drogas, violencia e inseguridad.
Uno de los problemas nuevos de inseguridad pública en la agenda transfronteriza es el aumento de adicciones en los principales municipios fronterizos mexicanos con Estados Unidos, –fenómeno que no existía en 1996– y que es consecuencia del aumento de la oferta de drogas tanto en territorio mexicano como estadounidense y de las limitaciones de las políticas de interceptación, así como de reducción del uso y abuso de drogas, tanto de México como de Estados Unidos. En tal contexto, la política antidrogas de Estados Unidos implementada desde el 1992 no ha minado de manera sustancial la capacidad de los grupos delictivos de internar hacia ese país la oferta de mariguana, cocaína y mentafetaminas procedentes de México, centro o sudamérica que entran por su frontera sur. Si bien en este giro han existido dificultades, en materia de lavado de dinero, las acciones han aumentado como en el caso de las medidas anunciadas por la administración de Obama en abril de 2009 pero han sido insuficientes, dadas las limitaciones en materia de transparencia y control financiero.
6 Un indicador de la violencia fronteriza son las muertes violentas de cerca de 1 600 personas en Tijuana y de 2 300 personas en el municipio de Ciudad Juárez en 2008. La mayor parte de estas muertes contaban con vínculos directos o indirectos con actividades ilícitas.
La relevancia de la frontera México-Estados Unidos, en particular la frontera entre California y Baja California, radica en que se estima que en el período de (junio 2007 a septiembre de 2008 las autoridades federales fronterizas de Estados Unidos decomisaron cerca de 40 por ciento del total de drogas confiscadas en todo el territorio estadounidense. Situación que refleja la importancia de la demanda y oferta bilateral de marihuana, cocaína y metanfetaminas de parte de la sociedad estadounidense y de los grupos delictivos mexicanos respectivamente. Al igual que la capacidad de respuesta institucional de la política de seguridad fronteriza.
Una de las prioridades de la política binacional en seguridad debe ser la reducción del tráfico de armas a través de las fronteras entre México y Estados Unidos. Esta acción debe ser una prioridad de ambos países, pero en particular de Estados Unidos, considerando la importancia del tráfico proveniente de este país. Uno de los factores que determina tal problema es la escasa regulación que existe en Estados Unidos respecto de la compra y tenencia de armas, la cual es muy liberal y facilita la adquisición. Según autoridades estadounidenses, se estima que en la frontera sur con México existen siete mil armerías, la mayoría ubicadas en los estados de California y Texas, sin contar con las ferias y exposiciones abiertas a todo el público donde es posible obtener cualquier tipo de armamento. Es más, la secretaria de estado Clinton en la reciente visita que hizo a México reconoció que 90 por ciento de las armas decomisadas a los narcotraficantes entran a México ilícitamente desde el norte.
El reto bilateral en materia de tráfico de armas es fortalecer tal política a través de programas tales como la Operación “Gunrunner” Esta iniciativa implementada por la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF) busca enfocar los recursos en la investigación, inteligencia y capacitación para suprimir el tráfico de armas de fuego a México y frenar la violencia relacionada con las mismas, en ambos lados de la frontera. Sin embargo, la eficacia y el impacto de este programa dependerá de una mayor voluntad del gobierno federal estadounidense para hacer lo siguiente:
En el contexto del agudizamiento de los problemas de inseguridad en la frontera con México, el gobierno federal mexicano ha fortalecido la presencia del ejército mexicano y, en parte, la marina, en ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez desde fines de 2007. Tal presencia militar no ha podido reducir sustancialmente la inseguridad y el crimen organizado en tales sitios, porque la política presenta limitaciones de diseño, implementación de estrategias integrales, estratégicas y transversales, de evaluación y de falta de apoyo del resto de las corporaciones locales, estatales y federales mexicanas. Por estas razones, el impacto de las fuerzas armadas ha sido limitado en la reducción sustancial de la violencia fronteriza, lo que implica la necesidad de redefinir la estrategia militar con base en los siguientes elementos:
Los impactos en materia de seguridad nacional que afectan a los estados fronterizos plantean la oportunidad de evaluar las alternativas que puede ofrecer la Iniciativa Mérida, como una opción para fortalecer los programas de prevención, reforma judicial, fortalecer los derechos humanos y programas estratégicos en materia de seguridad y justicia integral de los estados fronterizos mexicanos. De ahí que una de las prioridades estratégicas del gobierno federal mexicano y de los estados fronterizos sea la de disponer de un plan estratégico en seguridad, en el cual se integren las cuatro dimensiones de la seguridad con base en un enfoque integral, estratégico y transversal. Sin embargo, a pesar de los impactos de la inseguridad en la frontera con Estados Unidos, no ha existido un plan estratégico e integral, sino acciones aisladas y coyunturales. Con lo cual, es de esperarse que se mantengan o agudicen tales problemas y que distintos actores estadounidenses continúen expresando preocupaciones sobre los riesgos a su seguridad nacional, como especialmente las han expresado, en audiencias ante el Congreso de Estados Unidos efectuadas en la primera y segunda semana de marzo de 2009. En tal contexto, se considera que la Iniciativa Mérida podría ser una opción de apoyo a un programa bilateral efectivo contra la inseguridad, si se acompaña de las siguientes condiciones:
Las distintas dimensiones de la seguridad plantean la importancia de evaluar los impactos locales, regionales y transfronterizos de tales políticas. Como consecuencia, México se enfrenta al reto de fortalecer una coordinación intergubernamental más eficaz y efectiva para resolver problemas de seguridad nacional y fronteriza. Por ello, una tarea prioritaria es fortalecer tal coordinación con los gobiernos fronterizos y las dependencias federales tales como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaria de Relaciones Exteriores, la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras dependencias federales bajo los lineamientos de un plan contra la violencia e inseguridad fronteriza.
El Gobierno estadounidense ha nombrado al ex funcionario de Justicia Alan Bersin7 como secretario asistente para asuntos internacionales y representante especial en asuntos fronterizos, cargo similar al que había ejercidocomo «zar de la frontera» para la entonces fiscal general Janet Reno, durante la presidencia de Bill Clinton. Este puesto pone a Bersin, un funcionario de línea dura, a cargo de dirigir los esfuerzos contra la violencia del narcotráfico en los límites con México. Sus acciones tendrán como objetivo hacer más seguras las fronteras de Estados Unidos, al igual que promover el comercio y las transacciones transfronterizas; así como facilitar la cooperación entre las autoridades federales, estatales y locales de Estados Unidos con sus homólogos en México.
El papel de Bersin puede tener las siguientes limitaciones para alcanzar los objetivos previstos:
7 Bersin, fue fiscal en San Diego y trabajó como secretario de Educación en California y como superintendente de Colegios en San Diego, entre otros puestos.
En otras palabras, resultará difícil que una sola persona tenga la capacidad de integrar, diseñar, ejecutar, coordinar y evaluar distintos programas orientados a los objetivos en materia de asuntos fronterizos, en donde además existen diferentes prioridades burocráticas, inercias y deficiencias de gestión intergubernamental que, en su conjunto, han limitado la política antidrogas de Estados Unidos con Mexico.
En ese marco, el papel de Bersin podría tener un mayor impacto en el corto plazo si su estrategia considera, entre otros, los siguientes elementos: el apoyo político de la secretaria Janet Napolitano; la elaboración de un diagnóstico integral, estratégico y transversal de las distintas dimensiones de la inseguridad fronteriza; la evaluación de los programas vigentes hacia la frontera, en términos de focalizar sus prioridades e impactos; la definición de algunos programas prioritarios hacia la frontera articulados bajo una eficaz gestión intergubernamental; la promoción de una mayor atención a los programas preventivos del lado estadounidense, en especial de reducción del consumo de drogas; la generación de sinergias con actores clave del desarrollo fronterizo mexicano bajo un enfoque de responsabilidad compartida; y la reformulación de una visión más integral del Plan Mérida, en donde también se prioricen los aspectos de fortalecimiento a las capacidades institucionales en ambos lados de la frontera.
El contexto de la primera visita del presidente Obama en México se da en un contexto de gran preocupación del gobierno de Estados Unidos por la violencia e inseguridad fronteriza. Tal marco fue precedido por las visitas de las secretarias Clinton y Napolitano, quienes destacaron el interés de fortalecer un enfoque de responsabilidad compartida, o corresponsabilidad, en materia de combate al crimen organizado y el tráfico de drogas en la frontera. La efectividad de este enfoque dependerá de la manera en la cual se ejecute, y de que salgan o no a relucir las preocupaciones de las corporaciones policiales de Estados Unidos acerca de los antecedentes de corrupción de sus homólogos mexicanos.
La mayor cooperación y el reconocimiento de su corresponsabilidad frente a la violencia sin precedente del narcotráfico es el principal cambio en el discurso de Washington hacia México. Y se espera que el presidente Obama traslade ese mismo sentido de corresponsabilidad a la Cumbre de las Américas. Sin embargo, el reto de la nueva administración estadounidense es la articulación de estas iniciativas con programas concretos y gestionados bajo un enfoque internacional sujetos a una evaluación permanente. Estos aspectos generalmente han estado ausentes en la política de Estados Unidos en materia de cooperación antidrogas. La administración de Obama anunció recientemente un incremento de agentes para interceptar el transporte de armas ilícitas en su frontera, antes de que crucen a México, y del fortalecimiento de los programas de rastreo de armas confiscadas en territorio mexicano, así como úque los bienes de tres de los carteles –Sinaloa, La Familia y los Zetas– más poderosos puedan ser embargados y decomisados en Estados Unidos. Si bien estas medidas no son suficientes, el anuncio de los esfuerzos tiene un gran valor simbólico como señal de apoyo a México en su lucha contra el crimen organizado.
La visita del presidente Obama a México ha fortalecido el interés de Estados Unidos por aumentar la cooperación bilateral antidrogas con la finalidad de reducir el crimen organizado y la delincuencia de los grupos delictivos tanto en la frontera como en el centro del país. En tal contexto, las prioridades fronterizas de México con respecto hacia Estados Unidos en el inicio de la administración de Obama pueden ser las siguientes:
En resumen, desde esta perspectiva se vislumbra un futuro complejo y difícil pero lleno de oportunidades en las relaciones México-Estados Unidos bajo la administración del presidente Obama. Ambos paises deben actuar estratégicamente, adoptar políticas con una visión integral de las diferentes dimensiones de la seguridad, la competitividad y el desarrollo en la frontera norte y guiarse por la premisa de corresponsabilidad.
La visita del presidente Obama a México en abril del 2009 ha priorizado los temas de seguridad en las relaciones México-Estados Unidos, situación que, en gran parte, se atribuye a los factores que han determinado la inseguridad y violencia fronteriza desde el 2007. Este contexto ha dado pie a que el tema de la seguridad asociado a promover politicas de desarrollo, sea el que domine la agenda bilateral en los próximos años.
San Antonio del Mar, abril 2009.
Si deseas recibir las novedades de El Colef SUSCRÍBETE
