Rodolfo Rubio, investigador del Departamento de Estudios de Población con sede en Ciudad Juárez, nos habló sobre el proyecto: “Retornos involuntarios de migrantes mexicanos desde Estados Unidos”, donde expone el fenómeno del incremento significativo del flujo de migrantes desde el 2010. Planteó que se vive una nueva problemática a partir de los retornados involuntariamente: la separación de familias. Dicho flujo no representa la población que es capturada en el intento de cruce ilegal, sino la que detienen por su condición de indocumentados. Se trata de personas, en su mayoría, con varios años de residencia en Estados Unidos, es decir, “prácticamente con una vida hecha en ese país”.
La repatriación, sin embargo, es un fenómeno que no ha sido abordado en la reforma migratoria, pues esta favorece a migrantes que residen todavía en Estados Unidos a pesar de su condición indocumentada. En cambio, han sido los familiares de los migrantes deportados de manera involuntaria los que han tomado acciones sobre el asunto en mayor medida. Además, ha sido a través del activismo social que se ha conseguido reducir el número de deportaciones.
De este lado de la frontera, en cambio, el migrante se queda a la espera de una oferta de cambio por parte del gobierno estadounidense es decir, una reforma migratoria inclusiva, mientras que cruzar de nuevo ilegalmente le puede valer hasta 10 años de veto. Ante esto, el gobierno mexicano se ha mantenido al margen, sin tomar acciones notablemente favorecedoras hacia sus ciudadanos repatriados. Rubio comentó que el gobierno mexicano también debe ser protagonista, tener un plan de acción de apoyo y atender a sus ciudadanos.
Por otro lado, muchos de estos migrantes deciden regresar a su lugar de origen, principalmente a los Estados de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, sin embargo, falta hacer más estudios sobre los lugares a los que se dirigen una vez que son repatriados, agregó.
El aumento del número de migrantes viviendo en la frontera también impacta la estructura de las ciudades, comentó el investigador, tal como se vio en el último estudio sobre el bordo en la ciudad de Tijuana. En cambio, la situación en Ciudad Juárez es distinta, pues entre 2007 y 2009 se le relacionó con el aumento de delitos en la ciudad y el gobernador pidió al gobierno de Estados Unidos que disminuyera el número de repatriados a dicha ciudad. A pesar de que se comprobó que el perfil del migrante no pertenecía al de integrantes del crimen organizado, Estados unidos accedió a dicha petición y disminuyó el número de enviados a esta misma región. Para 2012, una tercera parte del número total de repatriados se concentraban en Matamoros y un 24% en Tijuana y Mexicali.
El investigador consideró que se debe seguir trabajando en mejorar las condiciones de vida de los migrantes deportados y exigir que el gobierno mexicano adopte medidas de apoyo, atención y reinserción de los mismos.
