Rodolfo Rubio, investigador del Departamento de Estudios de Población con sede en Ciudad Juárez, nos habló sobre el proyecto: “Retornos involuntarios de migrantes mexicanos desde Estados Unidos”, donde expone el fenómeno del incremento significativo del flujo de migrantes desde el 2010. Planteó que se vive una nueva problemática a partir de los retornados involuntariamente: la separación de familias. Dicho flujo no representa la población que es capturada en el intento de cruce ilegal, sino la que detienen por su condición de indocumentados. Se trata de personas, en su mayoría, con varios años de residencia en Estados Unidos, es decir, “prácticamente con una vida hecha en ese país”.
La repatriación, sin embargo, es un fenómeno que no ha sido abordado en la reforma migratoria, pues esta favorece a migrantes que residen todavía en Estados Unidos a pesar de su condición indocumentada. En cambio, han sido los familiares de los migrantes deportados de manera involuntaria los que han tomado acciones sobre el asunto en mayor medida. Además, ha sido a través del activismo social que se ha conseguido reducir el número de deportaciones.
De este lado de la frontera, en cambio, el migrante se queda a la espera de una oferta de cambio por parte del gobierno estadounidense es decir, una reforma migratoria inclusiva, mientras que cruzar de nuevo ilegalmente le puede valer hasta 10 años de veto. Ante esto, el gobierno mexicano se ha mantenido al margen, sin tomar acciones notablemente favorecedoras hacia sus ciudadanos repatriados. Rubio comentó que el gobierno mexicano también debe ser protagonista, tener un plan de acción de apoyo y atender a sus ciudadanos.
Por otro lado, muchos de estos migrantes deciden regresar a su lugar de origen, principalmente a los Estados de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, sin embargo, falta hacer más estudios sobre los lugares a los que se dirigen una vez que son repatriados, agregó.
El aumento del número de migrantes viviendo en la frontera también impacta la estructura de las ciudades, comentó el investigador, tal como se vio en el último estudio sobre el bordo en la ciudad de Tijuana. En cambio, la situación en Ciudad Juárez es distinta, pues entre 2007 y 2009 se le relacionó con el aumento de delitos en la ciudad y el gobernador pidió al gobierno de Estados Unidos que disminuyera el número de repatriados a dicha ciudad. A pesar de que se comprobó que el perfil del migrante no pertenecía al de integrantes del crimen organizado, Estados unidos accedió a dicha petición y disminuyó el número de enviados a esta misma región. Para 2012, una tercera parte del número total de repatriados se concentraban en Matamoros y un 24% en Tijuana y Mexicali.
El investigador consideró que se debe seguir trabajando en mejorar las condiciones de vida de los migrantes deportados y exigir que el gobierno mexicano adopte medidas de apoyo, atención y reinserción de los mismos.Rodolfo Rubio, researcher at the Department of Population Studies based in Ciudad Juárez, told us about the project: ” Involuntary returns of Mexican immigrants from the United States,” which exposes the phenomenon of significant increase in the flow of migrants since 2010. One of the many problems involuntary returnees face is the separation of families . This flow does not represent the population that is captured in the attempted illegal crossing , but that stop by their undocumented status . These are people , mostly with several years of residence in the United States, that is, ” virtually a life made in that country.”
The return , however , is a phenomenon that has not been addressed in immigration reform , as this favors migrants still residing in the United States despite their undocumented status . However , were the families of migrants deported involuntarily who have taken action on the matter further. He has also been through the social activism that has reduced the number of deportations .
On this side of the border , however , the migrant is awaiting an exchange offer by the U.S. government that is inclusive immigration reform , while cross again illegally can be worth up to 10 years of veto. Given this, the Mexican government has stayed away without taking remarkably flattering to their citizens repatriated actions. Rubio said the Mexican government should also be protagonist, have an action plan to support and care for their citizens.
Furthermore, many of these migrants decide to return to their place of origin, especially the states of Guanajuato , Michoacán , Jalisco , Guerrero , Oaxaca and Veracruz , however , need to do more research on the places that target once that are repatriated , he said.
The increase in the number of migrants living in the border also impacts the structure of cities , said the researcher , as seen in the latest study on the board in the city of Tijuana. In contrast, the situation in Ciudad Juarez is different as between 2007 and 2009 was associated with an increase in crime in the city and the governor asked the U.S. government to decrease the number of returnees to the city. Although it was found that the profile of migrant belonged to members of organized crime , the United States agreed to this request and reduced the number of sent to this same region. By 2012 , one third of the total number of returnees were concentrated in Matamoros and 24% in Tijuana and Mexicali.
The investigator considered that further work is required to improve the living conditions of migrants deported and demand that the Mexican government to take measures to support , care and rehabilitation of them.
