En 2014, el incremento en el flujo de migrantes que cruza por México con destino a Estados Unidos, en particular de menores no acompañados, ha obligado al gobierno de ambos países a tomar medidas para frenar esta oleada. Por un lado, en Estados Unidos, frente al impase en el Congreso, se está a la espera de la propuesta de acción ejecutiva para una reforma migratoria del presidente Barack Obama. Por otro lado, ante la incertidumbre de lo que será la política sobre migración en este país, algunos estados y condados están tomando sus propias medidas de atención de lo que se presenta como una problemática migratoria.
La respuesta de México ante este fenómeno se ha visto reflejada en políticas federales que se materializan en los Estados fronterizos del norte y sur. El ejemplo más reciente es la implementación del Plan de la Frontera Sur que, en el decreto de su creación, instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal proporcionar atención integral de los migrantes. Se plantea el incremento en el personal del Instituto Nacional de Migración, la modernización de los cruces fronterizos en el sur del país, se amplía el visado temporal fronterizo de solamente trabajadores a visitantes y, principalmente, se inicia el bloqueo al acceso a la Bestia.
Hay que recordar que la idea de dicho plan se estaba pensando desde mediados del año pasado como una medida para asegurar y ordenar la frontera sur, sin embargo, las medidas han resultado restrictivas y poco benéficas para los inmigrantes en su paso por México. Ante este escenario, los migrantes han optado por recorrer rutas distintas para no arriesgarse a abordar el tren y ser capturados o sufrir accidentes. Tan solo en Oaxaca hay cuatro caminos nuevos que pasan por las regiones de la Costa, el Istmo de Tehuantepec, la Sierra Mixe y la Cañada, pero estos trayectos resultan sumamente peligrosos para quienes las transitan pues se exponen a violaciones a sus derechos humanos por parte del crimen organizado e incluso de autoridades migratorias.
Respecto a la política migratoria en México, se tiene el problema de que se elabora una política federal que no considera las problemáticas e incluso la geografía específica de las distintas regiones ya que las necesidades y circunstancias de la frontera sur son diferentes de las condiciones en la frontera norte y de los Estados por donde cruzan los flujos migratorios. Asimismo, aun cuando la legislación y reglamento migratorios plantean un enfoque de derechos humanos y que se descriminalizó la carencia de documentos migratorios desde 2008, el Instituto Nacional de Migración continúa realizando redadas contra migrantes. Se militarizan los estados fronterizos del sur del país y no se han podido garantizar los derechos de los migrantes. Incluso algunos defensores de los derechos humanos de los migrantes han afirmado que “son tratados como mercancía”.
Aunque ambos gobiernos se han propuesto frenar la oleada de migrantes de una forma u otra, la realidad es que las distintas leyes y los peligros de la frontera sur de México no han impedido que el flujo migratorio continúe hacia el norte con dirección a Estados Unidos. Por su parte, ese país ha continuado deportando a personas sin documentos y aprehendiendo migrantes, entre ellos más de 60,000 menores no acompañados y similar cantidad de familias. Por ejemplo, existen más de 250,000 casos pendientes de mexicanos, hondureños, guatemaltecos y salvadoreños en las cortes de inmigración hasta julio del presente año. Así que la acción ejecutiva es la esperanza de aquellos que se encuentran en territorio estadounidense, sin embargo, para quienes apenas inician su camino, la legislación en materia de migración en México no significa un boleto que garantice el respeto de sus derechos humanos.
-Dra. Alejandra Castañeda, directora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria.
