En motivo del pasado Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, retomamos la participación de la Dra. Silvia Estrada, coordinadora del libro “La realidad social y las violencias. Zona metropolitana de Tijuana” (Colef, 2012). En su artículo “Hogares, vivencia familiar y violencia en Tijuana” analiza las transformaciones en las dinámicas familiares y las relaciones de género, así como los factores que propician las prácticas de violencia y las que la contienen. Para su estudio se basó en los resultados de encuestas y consensos, utilizando la definición de hogar como el conjunto de individuos, unidos o no de manera consanguínea, que comparten un rasgo común y una organización con rasgos de conflicto y solidaridad.
A la zona metropolitana de Tijuana se le suman Tecate y Playas de Rosarito como una unidad. Esta región tiene una tasa alta de crecimiento de hogares debido a la migración de personas en etapa reproductiva, sin embargo, la demanda insatisfecha de servicios como vivienda, infraestructura, educación y salud provoca “nichos de pobreza y distancia social entre los habitantes de la metrópoli, lo cual puede ser motivo de tensiones, conflicto y violencia social” (López, 143). Se destaca también la presencia del fenómeno de familias reconstituidas y de los hogares ampliados (estrategia importante para poblaciones que atraen grandes flujos de migrantes).
En esta zona existe un alto porcentaje de familias separadas, jefaturadas por la madre mayormente y que, en ausencia del cónyuge, se caracterizan por menores niveles de violencia; sin embargo, también se enfrentan a la ausencia de redes familiares para el cuidado de los hijos, “lo que propicia su abandono y exposición a riesgos en la escuela y en la calle” (150); además de porcentajes más altos de pobreza patrimonial.
En el caso de Tijuana, se encontró que las familias pobres donde los padres tienen más baja escolaridad se devalúa y violenta a las hijas y las mujeres sufren violencia intrafamiliar. Pareciera que el incremento de necesidades financieras vuelve a los hogares vulnerables por contingencias económicas, provocando mayor exposición al riesgo de violencia intrafamiliar.
Otro factor que deriva en violencia es la falta de empleo y oportunidades en las colonias populares, pues provoca situaciones de estrés y frustración. Mientras que la rigidez de los horarios de trabajo también incide en la convivencia familiar y, con ello, se debilita la transmisión de valores, normas y creencias.
A pesar de la creciente participación económica de las mujeres y los cambios en la división de trabajo y las relaciones de género al interior de la familia, el reparto equitativo de tareas sigue siendo un objetivo no alcanzado, pues “en general las tareas domésticas siguen siendo responsabilidad primaria de las mujeres en todos los sectores sociales” (159). En hogares de clase media hay mayor involucramiento de varones en el cuidado y atención de los hijos y tanto niños como niñas son involucradas en las tareas del hogar; mientras que en sectores populares estas actividades son delegadas a las niñas solamente. A su vez, esto está relacionado con la escolaridad de los padres.
Por otro lado, “las relaciones de pareja se conciben como relaciones asimétricas de poder” (161), donde la propensión a la subordinación masculina está relacionada con un menor nivel de escolaridad, sobre todo en mujeres de mayor edad que no trabajan fuera de casa. En sectores populares, donde las mujeres se ven forzadas a contribuir económicamente, se logra mayor poder en la toma de decisiones; en cambio “hay mujeres que no trabajan y siguen sometidas al control del marido en virtud de su dependencia económica” (162), lo cual también incide en su autoestima.
La violencia doméstica es una de las manifestaciones por el abuso de poder. La investigadora afirma en su artículo que la violencia contra la mujer “es constitutiva de un orden social”, es decir, es provocada por la desigualdad entre hombres y mujeres como una estrategia política “a través de la cual los hombres y las instituciones mantienen su dominio y su prestigio mediante la sujeción y subordinación femenina” (167). La violencia de género tiene sus manifestaciones en las agresiones físicas, emocionales, verbales, sexuales y económicas, atentando contra sus derechos; es un problema social que afecta al 47.2 por ciento de las mujeres en Baja California, según el INEGI 2008. Entre ellas, el 84.7 % declaró haber padecido violencia emocional y el 62% violencia económica; mientras que el 16% padecieron agresiones físicas.
Esta situación no es nueva; datos del INEGI muestran que Baja California tiene el séptimo lugar en homicidios de mujeres a nivel nacional. La participación de las mujeres en el sector laboral aumenta su nivel de autonomía, sin embargo esto tiene sus consecuencias en las relaciones de pareja, resultando en mayores niveles de violencia “ya que los varones se ven disminuidos en su papel de proveedores” (168). Se trata, pues, de un problema cultural presente en todas las colonias y clases sociales que es aceptado por muchas mujeres como algo natural.
En Tijuana, agregó, existe un número considerable de organizaciones de la sociedad civil que se dedican a brindar apoyo y acceso a la información para que grupos específicos de mujeres (como los de colonias populares y migrantes) atiendan la defensa de sus derechos. Finalmente, la investigadora propone impulsar programas contra hombres violentos como talleres de masculinidad y la promoción en los medios de imágenes positivas sobre el ejercicio de paternidad y la participación en el trabajo doméstico.
