El 20 de marzo de 2020, el gobierno del entonces presidente Donald Trump impuso, con el argumento de la contingencia sanitaria causada por la pandemia de COVID-19, una política de expulsiones inmediatas a México de migrantes irregulares aprehendidos por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Desde entonces, migrantes mexicanos y de diversos lugares de América Latina y el Caribe son devueltos a México tras un rápido trámite, sin información y sin la oportunidad de solicitar asilo en ese país.
A raíz de este hecho, la Dra. María Dolores París Pombo, co-coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria, e investigadora del Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), realizó el boletín “Sobre las expulsiones ilegales de migrantes a México”, en donde analiza esta acción del gobierno de Trump, los cambios y continuidades en esta materia por parte del actual gobierno de Biden, los posicionamientos del gobierno de México; y la comparativa entre los hechos y lo acordado en la firma de distintas convenciones y tratados internacionales.
TRUMP, COVID Y TÍTULO 42
En este boletín, la Dra. París Pombo señala que las personas migrantes llegan a ciudades desconocidas del norte de México, sin redes familiares de apoyo y sin recursos mínimos para sobrevivir, después de ser devueltos, por parte de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, a México tras un rápido trámite sin información y sin la oportunidad de solicitar asilo.
En otros lugares del mundo, estas devoluciones son conocidas como “expulsiones en caliente”. En Estados Unidos son denominadas “expulsiones por Título 42”, en referencia al Acta de Salud de ese país. De esta manera, se utiliza un argumento sanitario para justificar una política migratoria punitiva que elude los compromisos de los gobiernos en materia de derechos humanos de las personas migrantes.
Es en esta vía que la autora enfatiza que, el gobierno mexicano únicamente ha objetado la devolución de familias con niñas y niños hacia las peligrosas ciudades fronterizas de Tamaulipas, en el noreste del país, considerando la falta de albergues y servicios para atender a esa población. Por otro lado, hasta el momento, no existe información ni justificación legal por parte del gobierno mexicano para explicar o legitimar la admisión en México de ciudadanos de terceros países expulsados por Estados Unidos.
2021: BIDEN, MÉXICO Y LOS DERECHOS HUMANOS
En enero de 2021, Joseph Biden llegó al poder anunciando una reforma integral a su sistema de inmigración, así como la reinstauración del sistema de asilo en Estados Unidos, sin embargo, como explica la Dra. París Pombo, ha continuado e incluso ampliado la política ilegal de expulsiones de migrantes hacia México. Así, entre marzo 2020 y julio 2021, a un año y tres meses que se instaura el Título 42, las autoridades migratorias estadounidenses han llevado a cabo más de un millón de expulsiones.
Las personas migrantes y solicitantes de asilo son expulsadas en su mayoría en unas cuantas horas, en cualquier horario y cualquier punto de la frontera norte de México, sin respetar los criterios establecidos en el Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos “sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos”, suscrito el 20 de febrero de 2004.
Por último, la investigadora de El Colef y co-coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria, puntualiza que hasta el momento, existe total opacidad sobre los acuerdos entre México y Estados Unidos que han dado lugar a estas expulsiones. El gobierno mexicano no ha aclarado tampoco las bases legales que sustentan la admisión en México de personas de otras nacionalidades expulsadas por el gobierno estadounidense. Al devolver a las personas sin darles la oportunidad de manifestar temores fundados por persecución o violencia contra ellas y sus familias, esta política es violatoria del principio de non-refoulement (no devolución) establecido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, de la que ambos gobiernos son signatarios. El gobierno mexicano viola el deber de respeto y el deber de garantía establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que no solo actúa sin competencia sino que omite un plan de atención a personas en condición de gran vulnerabilidad.
El boletín “Sobre las expulsiones ilegales de migrantes a México”, se encuentra disponible para su consulta y descarga a través de: https://www.colef.mx/wp-content/uploads/2021/08/Boletin_migracion-1.pdf
