Al respecto de los Protocolo de Protección al Migrante (PPM) y las implicaciones de su reactivación en 2022, la Dra. María Dolores París Pombo, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) y co-coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria, redactó un boletín en el cual aborda el tema.
Los PPM, detalla la especialista, constituyen un programa de política migratoria que busca deportar hacia ciudades mexicanas a personas migrantes con procesos de solicitud de asilo abierto en cortes estadounidenses. Fueron el elemento más polémico de la política migratoria impulsada por el expresidente estadounidense Donald Trump. Al inicio de su mandato, Joseph Biden cerró el programa pero debido a presiones políticas internas se relanzó en diciembre de 2021.
La lógica del programa consiste en enviar a las personas en contexto de movilidad a ciudades mexicanas fronterizas y esperar ahí hasta que su proceso sea tratado por un juez en una corte norteamericana, única condición bajo la cual podrán cruzar nuevamente a Estados Unidos. Este tiempo de espera, por lo general, se alarga durante meses e incluso años, sometiendo a los migrantes a situaciones de vulnerabilidad sistémica.
Durante sus dos primeros años de vida, explica la Dra. París, el programa deportó a cerca de 71 mil migrantes a diversas ciudades fronterizas mexicanas, originarios en su mayoría de Latinoamérica y el Caribe. De esa cifra, sólo 3 mil personas fueron readmitidas en Estados Unidos, con sus excepciones.
Los países que reportaron un mayor índice de inscripción a este programa fueron Honduras (23,0063), Guatemala (15,806), Cuba (11,490), El Salvador (8,133), Ecuador (5956), Venezuela (2692) y Nicaragua (2435).
Posteriormente con el cierre del programa por parte de Biden, otras 13 mil personas pudieron continuar su proceso de admisión.
A modo de respuesta los gobiernos de Texas y Missouri demandaron al gobierno federal alegando por los supuestos costos exorbitados que tendría, para esos respectivos estados, la ayuda económica y humanitaria que se tendría que dar a los migrantes. A partir de esta reclamación, un juez federal, la corte de apelaciones, y la Suprema Corte de Justicia, acabaron por revivir este programa tan controvertido, no sin la correspondiente negociación con el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a las condiciones para la reactivación de este programa.
Aunado a lo anterior, en el boletín se señala que a pesar de que el programa busca (supuestamente) facilitar y agilizar el proceso de solicitud de asilo de las personas migrantes, gran parte de esta población se encontraba en situaciones de una complejidad no tomada en cuenta por ninguno de los gobiernos. Además, sólo el 9 por ciento contaba con un asesor legal y solamente la mitad de ese 9 por ciento efectuaba su proceso desde Estados Unidos.
En febrero de 2021, se efectuó nuevamente el proceso de readmisión de personas inscritas en el programa que habían quedado con casos abiertos pero no resueltos. En total sólo 13,000 de los aspirantes fueron readmitidos en Estados Unidos. Esto fue posible gracias al sistema CONECTA, conformado por el ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), y diversas organizaciones civiles y de gobierno mexicanas.
Desafortunadamente el proceso siguió marcado por condiciones deplorables e inhumanas. Por mencionar un ejemplo; uno de los campamentos más cuantiosos, el que recibía a los migrantes que venían desde Brownsville, Texas hasta Matamoros, Tamaulipas, y que contaba con más de 3000 solicitantes de asilo, se convirtió en el signo de la deleznable política migratoria trumpista, por sus bajas condiciones de vida, sin mencionar que los ritmos de rapidez en los procesos variaban dependiendo de la nacionalidad de los solicitantes.
Por último, el documento concluye que en cuanto a las condiciones para la reactivación de los PPM, se consideró el uso de transporte y albergue dignos, destinados a facilitar las solicitudes, además de pruebas para la detección del COVID-19. En contraparte, serán más las ciudades que, en 2022, recibirán a los migrantes expulsados de Estados Unidos, y no se resolverán algunos problemas lingüísticos, que obstaculizan enormemente los procesos de las personas haitianas, quienes no hablan español.
El boletín se encuentra disponible en: https://observatoriocolef.org/boletin/el-reinicio-del-programa-quedate-en-mexico-o-protocolos-de-proteccion-al-migrante/
