La desaparición forzosa es un crimen de lesa humanidad, consistente en privar de su libertad personal a los individuos por medio de la violencia física o el terror. Hablando en términos nacionales, este acto delincuencial, acometido a menudo dentro de un sistema de crimen organizado, no recibe la suficiente atención por parte del estado, la prensa y la sociedad, a pesar de tener una incidencia creciente; de hecho, en múltiples ocasiones, ha sido el estado quien perpetra estos actos, negando, evidentemente, su propia participación, o la movilización de recursos con el fin de resolver la problemática.
En ese marco de ilegalidad, las instituciones decrecen sus niveles de credibilidad frente a la sociedad civil, y los índices de inseguridad, claramente aumentan. Debido a esto, la investigadora de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) Artemisa López-León realizó el capítulo titulado “Las desapariciones forzadas de Nuevo Laredo y la política de seguridad nacional”, dentro del libro Otros exploradores del abismo. Estudios culturales sobre la violencia en México, coordinada por los académicos Juan Miguel Sarricolea Torres y Gustavo Herón Pérez Daniel.
La investigadora encuadra los límites de su estudio en la localidad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en la desaparición del menor de 17 años Raúl David Álvarez Gutiérrez, por parte de miembros de la Secretaría de Marina (SEMAR), avistado por última vez el 13 de julio de 2013. La metodología seguida por la doctora consiste en la reconstrucción y análisis del suceso mediante boletines de prensa emitidos por el estado y organizaciones de derechos humanos, así como datos recabados en las redes sociales. Esto, según la doctora, porque se trata de una herramienta eficaz cuando se aborda un hecho sensible, en que las instituciones carecen de credibilidad por haber sido partícipes del acto, y en el que es posible contar con múltiples voces que den cuenta de lo ocurrido (testigos de la desaparición).
En ese contexto, focaliza el desplazamiento causal de las desapariciones forzosas; ya no se trata de crímenes a los que subyacen motivos políticos (como el incidente de los 43 en Ayotzinapa, en 2014), sino que, citando a la doctora: “hoy en día, cualquiera puede ser desaparecido por el Estado”. Se destaca, pues la gravedad de la cuestión, al señalar que muchos de los casos recientes ha tenido como víctimas a menores de edad, desaparecidos en circunstancias de ilegalidad por las fuerzas armadas del estado (SEMAR, Ejército mexicano, etc.).
Para contextualizar el origen y crecimiento de estas violaciones a los derechos humanos, la doctora trae a colación la guerra contra el narcotráfico, emprendida por el presidente Felipe Calderón, preludiada por la militarización del espacio rural de Vicente Fox, un sexenio antes. Con la excusa de combatir fuego con fuego, se le asignó un poder inédito al brazo armado gubernamental, lo que dio pie, como era de esperarse, a abusos y malversaciones jurídicas, devenidas en crímenes contra el pueblo de México.
Contrario a lo esperado según el cambio de poder, señala la doctora, el gobierno de Enrique Peña Nieto no desistió en la táctica militar contra el narcotráfico, y los problemas que se fueron lastrando durante los mandatos anteriores escalaban en alcance, generando violentas disputas territoriales, actos de terrorismo y francos desafíos por parte de los cárteles a la hegemonía del estado y la sociedad mexicana. Esta violencia se exacerba en la franja fronteriza, que es el punto de paso de muchas rutas utilizadas por los mismos cárteles.
La diégesis del artículo la constituye, básicamente, la relación que tiene esta violencia con la política de seguridad nacional mexicana, que no regula ni organiza eficazmente las jurisdicciones y funciones de las fuerzas armadas, lo que acarrea una impunidad que impide encontrar a los desaparecidos, y que puede llegar a poner en riesgo a los propios familiares o amigos de la persona en cuestión, si estas insisten en su búsqueda, o denuncian de alguna manera al estado. Además, se exponen las contradicciones institucionales, que cambian constantemente su versión de los hechos, o refutan sin argumentos válidos los testimonios presentados en las denuncias.
A modo de cierre, la doctora destaca la necesidad de atacar los problemas estructurales, que generan tanto la violencia del narco como la violencia estatal, ambas materializadas en la desaparición forzada, creando tragedias como la del joven Raúl David, cuyo caso continúa abierto. Sin lugar a duda, comenta, es responsabilidad de la actual administración enfrentar de manera racional esta problemática.
