Desde principios de septiembre, EEUU está realizando unilateralmente ataques militares contra embarcaciones marinas (sobre todo, lanchas; también un submarino). Supuestamente, lo hace en aguas internacionales ubicadas en el mar Caribe (cerca de Venezuela) y en el Pacífico oriental (a la altura de Colombia); la administración Trump alega que los objetivos transportan droga. Entre el 2 de septiembre y el 28 de octubre de 2025, han sido 13 ataques, con 57 muertos y 3 heridos catalogados por los EEUU como “narcoterroristas”.
- Legalmente, estos ataques son contrarios al Derecho internacional humanitario (Derecho a hacer la guerra, ius ad bellum, y Derecho en la guerra, ius in bello).
Esto significa que no hay una situación objetiva de conflicto armado entre EEUU y las supuestas organizaciones criminales atacadas. Escribo supuestas porque, en realidad, ni siquiera se han presentado pruebas de la adscripción de los asesinados a alguna organización delincuencial, salvo las declaraciones a alto nivel del gobierno estadounidense.
Tomemos el primer ataque, del 2 de septiembre. Realizado en aguas internacionales, ubicadas en el sur del Caribe, los once muertos se señalaban como “narcoterroristas del Tren de Aragua identificados en el área de responsabilidad del Comando Sur” (CNN, https://cnnespanol.cnn.com/2025/10/24/eeuu/ataques-botes-caribe-pacifico-cronologia-orix). Pero la versión de Trump es errónea: denomina a los asesinados parte del Tren de Aragua por indicios y sin pruebas (error 1); dice que son una organización terrorista, sólo porque EEUU la etiqueta como tal (error 2); señala que el gobierno venezolano los controla, una mentira clave en la narrativa estadounidense (error 3); y concluye que esos individuos de la lancha están controlados por el presidente Nicolás Maduro (error 4).
Es más, incluso si se acredita la más que probable colaboración o pertenencia de los lancheros a una organización de traficantes, persiste la discusión sobre qué grado de implicación supone ser blanco legítimo de un ataque militar y por qué ha de serlo un grupo de lancheros, aun parte de un grupo criminal. Frente a esa discusión compleja, las autoridades estadounidenses resuelven que, si detectan una embarcación con narcóticos en una ruta de tránsito de narcotráfico, aun alejada de EEUU, las personas a bordo son narcoterroristas. Únicamente la administración Trump decidirá la validez o prudencia de cada uno de esos extremos. En ese sentido, las instituciones estadounidenses prefieren una ambigüedad e indeterminación (que se acaba solapando con la de “combatientes ilegales”), y sólo en ocasiones han atribuido pertenencia a algún grupo (Tren de Aragua venezolano o, en otros ataques, al Ejército de Liberación Nacional colombiano).
- Aunque el Derecho internacional humanitario actual no permita estos ataques, hay una serie de prácticas estatales, aceptadas por EEUU, que aceptan ampliar los blancos militares.
La piratería — antigua y reciente — es un ejemplo claro del castigo expedito a individuos en aguas internacionales que realizan actos consensuados universalmente como dañinos. Pero incluso los piratas, a los que se solía llamar “enemigo de la humanidad”, contaban con características que maximizaban su desvalor: peligro inmediato en mar y costa, depredaciones continuas que afectaban directamente a la población o adscripción clara a un Estado que los patrocinaba (la patente de corso). Sin embargo, los ataques de Trump se han realizado en lugares alejados del peligro inmediato, para punir conductas de por sí azarosas (transporte, carga), con consecuencias potenciales o hipotéticas (entrega de droga como parte de una larga cadena que iría de las aguas internacionales caribeñas, al depa de un consumidor en Nueva York).
Tampoco justifican estos ataques analogías con la doctina de la legítima defensa preventiva, con su apogeo tras el 11-S, y que edificó las represalias posteriores de EEUU en guerras como las de Afganistán o Irak. Si bien ello creó una base doctrinal para interpretaciones expansivas (Gabor Rona, https://www.lawfaremedia.org/article/venezuelan-boat-attacks–utterly-unprecedented-and-patently-predictable), abogados que teorizaron sobre la legislación de excepción (que, por ejemplo, incluyese tortura a individuos vinculados a Al Qaeda), se oponen a la actual doctrina Trump (Jhon Yoo, A military campaign against the drug trade would be unconstitutional, https://archive.vn/jWC2k ).
En realidad, el núcleo filosófico de estos ataques a embarcaciones de traficantes hay que buscarlo en dos vertientes doctrinales que se han acomodado a los principios, ya añejos, de la “guerra contra el narcotráfico”:
- a) Teoría de los círculos de implicación
Esta teoría se ha utilizado contra el terrorismo, para justificar expansiones de la doctrina jurídica de los asesinatos selectivos (targeted killing). Por ejemplo, Craig Jones (The war lawyers: The United States, Israel, and juridical warfare, 2020, https://doi.org/10.1093/oso/9780198842927.001.0001) concluye que el combatiente se define por su participación directa en las hostilidades; pero con el matiz reciente de que se amplían los significados de “participación”, “directo” y “hostilidades”. Ello puede visualizarse a partir de los círculos de implicación (involvement) en una organización:
1º. El núcleo del círculo concéntrico reúne a los líderes de la organización e individuos con responsabilidad militar; puede comprenderse su grado de responsabilidad a partir de la figura penal del autor mediato u “hombre de atrás”.
2º. Quienes realizan las acciones directamente o autores inmediatos de los atentados, serían el nivel operativo, también objetos de contraataque.
3º. Los individuos del aparato logístico, transportistas o facilitadores de armas, según esta doctrina expansiva, pasarían a ser también objeto de ataques, siempre según el nivel de apoyo y comprobándose caso por caso.
4º. Quienes apoyan política, religiosa o, en general, ideológicamente, a la organización objeto del ataque; en un principio, no eran considerados como blancos, pero la ampliación también los ha terminado por englobar (Un análisis aplicado a México en: Jesús Pérez Caballero, La pluralidad de facciones armadas contra el paradigma bélico: una propuesta de marco interpretativo de la delincuencia organizada en México, https://doi.org/10.47741/17943108.634 ).
Todo ello se vuelca, por los doctrinarios trumpistas, a la comprensión de las “organizaciones de narcotraficantes”, un término que ya de por sí es un cajón de sastre donde caben innumerables formas organizativas (jerárquicas, reticulares, subcontratadas, tácitas, etc.). Pero cabe insistir en que los traficantes de droga carecen del estatus de combatientes, salvo que participen directamente en hostilidades o desempeñen una función de combate continua; en ese caso, perderían la condición de civil. Por decirlo gráficamente, unos individuos en barca alejados a miles de km de EEUU y que supuestamente transportan droga a ese país, aunque así sea, son tan combatientes como lo sería un fabricante de tornillos que diez años después, cuando ya ha vendido su empresa, observa por la televisión que alguien ha usado uno de los tornillos, comercializado en un tendajón, para meterlo en la metralla de una bomba. Así de absurdo.
- b) Dronización
Grégoire Chamayou (Teoría del dron: Nuevos paradigmas de los conflictos del siglo XXI, 2016) señala las consecuencias filosóficas y políticas que permiten las nuevas tecnologías de los ataques a distancia: la de abandonar la idea clásica de que las guerras del siglo XXI continúen circunscritas a territorios, y pase, por el contrario, a priorizarse como fundamental la movilidad del blanco objeto del ataque. Sin espacio definido del campo de batalla, ni acotaciones temporales, ni por rango o función, Chamayou se pregunta, entonces, si no se trata más bien de un derecho de persecución al sujeto del ataque, a partir de figuras transversales y ajurídicas, como las de cazador y la presa. Cubrir esas políticas con ropajes legaloides, aunque sea habitual, no lo ancla a la órbita jurídica. O lo ancla, pero no lo mantiene.
- Desde el Derecho penal estadounidense, hay una doctrina reiterada durante años que avala estos ataques; pero también existen maniobras actuales de la administración Trump para impedir críticas al respecto y reforzar pseudo jurídicamente sus decisiones.
Desde que el 45º y 47º presidente tomó nueva posesión en enero de 2025, ha ido preparando el terreno militarista para multiplicar el grado de intervención en Iberoamérica. En este sentido, el pasado febrero, se calificó a varios grupos criminales (entre otros, el mencionado Tren de Aragua venezolano o algunas organizaciones criminales mexicanas) como terroristas (ver Colef Press: https://www.youtube.com/watch?v=kUJ1s7dSZlQ). Además, ese mismo mes, en una práctica que inició en la administración pasada de Joe Biden, la CIA y el Comando Norte del ejército estadounidense ampliaron la vigilancia aérea en México para combatir el narcotráfico. Los primeros, en territorio nacional y con drones que generan información compartida con las instituciones mexicanas. Los segundos, en la frontera sur estadounidense, con aeronaves U-2, RC-135 Rivet Joints, P-8 y drones (The New York Times, https://web.archive.org/web/20250808175024/https://www.nytimes.com/2025/02/18/us/politics/cia-drone-flights-mexico.html ). Si bien se ha discutido el bombardeo de instalaciones donde se fabrica droga, la problemática de afectar a individuos no implicados, por estar en lugares poblados, así como las cuestiones de soberanía de un aliado tan clave como México, vedan, de momento, este camino. Se prefiere la relativa vaguedad, aislamiento y ocultamiento que proporcionan las aguas internacionales, aunque todo hace pensar que se está allanando el camino para intervenciones terrestres.
Además, el 8 de agosto, un mes antes del primer ataque a una lancha en el Caribe, Donald Trump firmó una orden para permitir el uso de la fuerza militar contra las organizaciones criminales latinoamericanas (pues incluyó a grupos haitianos) designadas como terroristas, además de disponer del Pentágono las fuerzas militares necesarias para ello. También duplicó la recompensa ofrecida contra Nicolás Maduro por narcotráfico (The New York Times, https://web.archive.org/web/20250808134156/https://www.nytimes.com/2025/08/08/us/trump-military-drug-cartels.html ). Esto, unido a las purgas en sectores clave de contrapesos jurídicos no dispuestos a convalidar las órdenes manifiestamente ilegales, permiten que los nuevos war lawyers avalen los bombardeos contra estas lanchas.
Con todo este entramado, EEUU busca que sea incuestionable la narrativa de que todo individuo u organización criminal que pretenda traficar droga a suelo estadounidense puede ser asesinado por ello, entendiendo “traficante” como cualquier parte de la cadena (desde quien procesa la droga, hasta el que la transporta, protege o vende). Su creencia última y maximalista es que toda muerte por droga es un asesinato cometido por una de esas partes de la cadena y no, por ejemplo, la decisión de un consumidor. Aunque ello sea discutible, irracional o ridículo, esta es la cosmovisión de la elite que dirige EEUU; que, por cierto, se escandalizaría (aunque no podemos descartar su enésima boutade) si se aplicara al revés: es decir, si fuerzas armadas colombianas o venezolanas bombardearan a narcomenudistas estadounidenses.
- El expansionismo de esta “guerra moral perpetua” legitima, a ojos de EEUU, la intervención geopolítica contra gobiernos considerados hostiles, como los actuales presidentes de Venezuela o Colombia. Pero fundamenta también una intervención potencialmente ilimitada, de aplicación incluso a los países aliados, como México.
Si ya en 1989, la intervención contra el general y dictador panameño Noriega permitió robustecer la retórica antidrogas para atacar a un país, la administración Trump combina de manera mucho más plural las formas de alinear un territorio a sus exigencias. El ataque a estos barcos, predominantemente venezolanos, es un aviso a la administración de Maduro para que ceda el poder. El narcotráfico como excusa: Una intervención terrestre en Venezuela sería, conforme a lo visto, un desarrollo natural (a partir de premisas falsas). Habrá que estar pendiente a cómo influye en el régimen venezolano esta presión en todos los frentes.
En lo que respecta a México los ataques número 11, 12 y 13 del 28 de octubre de 2025, en el Pacífico, supusieron por primera vez blancos múltiples (fueron tres ataques, contra cuatro embarcaciones y con catorce muertos). El ministro de defensa estadounidense Pete Hegseth señaló que “las autoridades mexicanas «asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate» del único sobreviviente” (The Asociated Press, https://apnews.com/article/trump-eeuu-ataque-pacifico-carteles-hegseth-f23aa2e0ca56fae0726770401ba421e2). Posteriormente, la presidenta de México Claudia Sheinbaum lo confirmo:
“Es en aguas internacionales, parece que quedó un sobreviviente y la Marina por razones humanitarias decidió rescatar a esta persona”.
Opuesta reiteradamente a estos ataques, Sheinbaum “llamó a una reunión al embajador de Estados Unidos en México, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Marina para hablar sobre el tema” (Excelsior, https://www.excelsior.com.mx/nacional/conferencia-mananera-claudia-sheinbaum-28-de-octubre/1748184). Posteriormente, la Marina de México informó que efectuaba una operación de búsqueda y rescate marítimo a 400 millas náuticas (unos 643 km) al suroeste del puerto de Acapulco, en Guerrero (Animal Político, https://animalpolitico.com/politica/mexico-eu-acuerdan-fortalecer-coordinacion-maritima-ataques-pacifico).
A falta de que surjan más datos, los hechos fueron así: Estos ataques del 28 de octubre los realizó EEUU a la altura de la costa de Colombia. Al observar a un posible superviviente en el mar, los militares comunicaron la ubicación a la Guardia costera estadounidense y a una aeronave de la Marina mexicana en el área (El Universal, https://www.eluniversal.com.mx/mundo/mexico-participo-en-rescate-de-sobreviviente-del-ataque-de-eu-a-supuestas-narcolanchas-en-el-pacifico/). Participó, además “un buque patrulla oceánica” del cuerpo castrense mexicano (La Jornada, https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/10/28/politica/semar-maniobra-rescate-de-una-persona-presuntamente-sobreviviente-a-ataque-de-eu-en-aguas-internacionales). Prensa ecuatoriana señala, incluso, que el superviviente “fue trasladado a una base naval mexicana, donde recibe atención médica y permanece bajo custodia de las autoridades competentes” (Radio Forever, https://www.radioforever925.com/ultimas-noticias/la-marina-de-mexico-habria-rescatado-a-sobreviviente-del-ataque-estadounidense-a-supuesta-narcolancha/).
A fecha de elaboración de este análisis, queda mucho por saber. Por ejemplo, el estado de salud y la nacionalidad del superviviente. Pero, en todo caso, en la ruta del Pacífico donde EEUU está atacando reiteradamente operan organizaciones criminales mexicanas y, puesto que los ataques van a continuar, la celebración de un convenio en estos días entre la Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicanas, así como las reuniones de urgencia entre el canciller mexicano y el embajador estadounidense en México, pueden verse como medidas con vistas a agilizar posibles efectos de estos ataques en personas o bienes mexicanos.
En conclusión, ante estos hechos, cabe preguntar si estamos dispuestos a otorgar a cualquier Estado la capacidad de decidir arbitrariamente el asesinato de cualquiera, sin proceso de ningún tipo, ni guerra declarada, ni pruebas testadas por terceros, y ni siquiera habiendo un peligro inmediato. Los ataques comentados se sostienen, exclusivamente, por las armas de la principal potencia mundial, por lo que cualquier implicación en ellos da lugar a responsabilidades penales o de otro tipo, exigidas en un ámbito internacional, por terceros países o, si hubiera un cambio, por la misma administración estadounidense que ordena los asesinatos.
Esta nota fue escrita por el Dr. Jesús Pérez Caballero como acompañamiento para el Colef Press de esta semana, el cual se encuentra disponible a través del siguiente enlace: https://youtu.be/0p8boK_L9BM
