Las demandas del sector rural son retos a los que se enfrenta el gobierno mexicano, ya no sólo como fuente de insumos y mano de obra sino teniendo como objetivo lograr de manera simultánea elevar el potencial competitivo de la producción, la cual debe desarrollarse de manera ambientalmente sustentable y que además contribuya a reducir la desigualdad y eliminar la pobreza. Para atender esta problemática se han hecho varios estudios que suelen derivar en la implementación del Desarrollo Rural Sustentable, el cual abarca la problemática no sólo desde el punto de vista económico, sino también social y ambiental. Sin embargo la literatura especializada se ha enfocado más a las cuestiones biológicas y sociales del DRS y ha prestado escasa atención a los factores institucionales que influyen en el mismo. El propósito de esta investigación es analizar el DRS desde una visión político institucional, a través de las relaciones intergubernamentales que se dan en la implementación del PROGAN, partiendo del hecho que a nivel nacional se ha avanzado en términos de una legislación que permite la descentralización de los programas de DRS y que los estados y municipios tienen más espacios de participación en la implementación de dichos programas, sin embargo el diseño de los programas no garantiza la sustentabilidad. Los resultados señalan que ante la falta de un enfoque de sustentabilidad por parte de los actores y un mal diseño de la política, se incide en una baja participación, coordinación y RIG y por tanto en una baja probabilidad de alcanzar un verdadero DRS. Se determinó que la mayoría de las RIG están encaminadas a cuestiones meramente administrativas y que no existen RIG específicas para lograr los objetivos de la sustentabilidad.
The requirements of the rural sector are challenges the Mexican government has to face, not only as a source of workforce and goods, but also as the entity that has the goal to increase the competitive potential of the production, that must be developed in environmentally sustainable ways, and to contribute to reduce inequality and poverty. To address this issue, several research articles promote the implementation of Sustainable Rural Development (SRD), this approach encompasses not only the economic, but also social and environmental perspectives. However, the literature reviewed focuses on the biological and social aspects of the SRD and seldom considers the institutional factors that have an influence on it. The main purpose of this research is to analyze the SRD from a political institutional perspective, through the intergovernmental relations derived from the implementation of the PROGAN. It is taken into account the fact that legislation has moved forward at a national level allowing the decentralization of SRD programs while increasing state and municipal participation in its implementation. However the program design does not guarantee sustainability. This research shows the inappropriate design of programs and that actors lack an approach of sustainability, these two measures influence low participation, coordination and intergovernmental relations (RIG), these result in a very low probability to meet SRD goals. This study determined that most of the RIG are focused on administrative issues and that there are no specific RIG to achieve the sustainability goals.