Antecedentes y contexto: la evaluación de los programas sociales y las políticas públicas en México

En México durante la década de los noventa se adelantaron las primeras evaluaciones aisladas a programas sociales, pero sin llegar a implementarse como una práctica regular. Para el año 1999 el Congreso de la Unión introdujo en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, los primeros lineamientos de lo que se constituiría en una práctica sistemática de la evaluación de la acción del gobierno en materia de programas que utilizan fondos públicos. Posteriormente, en el año 2002 se emitió el Acuerdo de Requisitos Mínimos que establecía algunos elementos que necesariamente debían contener las evaluaciones externas.

El más reciente paso en la institucionalización de la evaluación de la acción pública en México fue la publicación en marzo de 2007, en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales, los cuales tienen por objeto regular la evaluación de los programas federales y establecer criterios más rigurosos para la evaluación. Así, la práctica de la evaluación es relativamente nueva en México, por lo que las evaluaciones aún muestran grandes diferencias entre sí.

De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, y tiene como objetivo normar y coordinar la evaluación de la política nacional de desarrollo social; así como las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas. En cumplimiento con sus funciones, el CONEVAL en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, emitió en marzo de 2007 los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales. El propósito del ordenamiento consiste en regular la evaluación externa de los programas.

Las evaluaciones de políticas o programas públicos tienen como objetivo principal brindar una descripción detallada del funcionamiento, desempeño y resultados de dichos programas. Evaluar una política o programa social hace referencia a una etapa fundamental dentro del proceso de política pública permitiendo juzgar la permanencia, cambio o remoción de una política o programa gubernamental; en consecuencia, existe un consenso irrebatible sobre la conveniencia de evaluar regularmente las acciones de gobierno, con el propósito de conocer el efecto que éstas tienen y si están o no cumpliendo con los objetivos que las justifican.

En este sentido, la evaluación debe contribuir al aumento del conocimiento sustantivo y constituirse en una herramienta fundamental en la gestión del gobierno en materia de desarrollo social; asimismo, permite obtener evidencia contrastable y objetiva sobre el diseño, procesos, resultados e impactos de los programas y políticas públicas. Por lo tanto, la evaluación además de proporcionar dicha evidencia sobre la eficiencia y los beneficios derivados de un programa social, también fortalece la rendición de cuentas, ya que el público puede conocer en qué se traduce el dinero de sus impuestos de manera clara y precisa, y contribuye a impulsar una gestión basada en resultados y a enriquecer la toma de decisiones.